• Lo más triste: representantes de la 4T actuando en contra de los principios del movimiento que dicen representar.
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
El miércoles 29 de mayo, ignorando la expectativa político-social por las elecciones del 2 de junio y quizá por ello mismo, el trío mandamás de la XVII legislatura, Aldana-Mildred-Euterpe, echaron a andar de pronto y sin avisar el plan de negocios de la cafetería en el Congreso del Estado.
La sociedad chetumaleña observó extrañada las obras de destrucción de la plaza cívica del Congreso del Estado, el retiro del asta bandera y de la estatua del prócer Andrés Quintana Roo por maquinaria pesada, mientras que el mural externo “De Territorio a Estrado…” estaba expuesto ante el polvo y escombro en que se convertía el legado histórico y arquitectónico y nadie sabía de qué se trataba.
Fotos del sorpresivo e inexplicado acto empezaron a circular en redes sociales y nadie sabía de qué se trataba porque no se había informado como se debía, ni mucho menos se contaba con la mampara informativa que es obligación en este tipo de obra pública.
Te puede interesar: Otorgan amparo contra cafetería del Congreso
Ante la creciente inconformidad de la sociedad, el 30 de mayo la XVII Legislatura emitió un boletín, donde informaba escuetamente de la cafetería, que en esta primera versión oficial se trataba de un comedor para trabajadores y legisladores, sin mencionar monto de la obra, ni origen de los recursos, ni mucho menos la forma en que fue aprobada esta decisión. Se afirmó que la obra contaba con todos los permisos del municipio y del área de cultura.
El 30 de mayo el Consejo Ciudadano de Chetumal alzó la voz y emitió un comunicado en donde expresaba inconformidad por el trato a la fidura de Don Andrés Quintana Roo y pedía detener la obra, al menos hasta que se informara de qué se trataba, los motivos, permisos y la forma en que se consensó. En los días siguientes se sumaron otras 17 organizaciones sociales y ciudadanas.
Al día siguiente, en la Sesión 34 del pleno (última del periodo ordinario), el diputado Julián Ricalde Magaña, haciendo eco de la inconformidad social, pidió desde la alta tribuna “socializar el proyecto (porque) ni los compañeros diputados lo conocen”.
CAMPAÑA SUCIA DE ALDANA
Enseguida trascendió que el verdadero autor del proyecto es Humberto Aldana Navarro, en su calidad de presiente de la Jugocopo, junto con la diputada Mildred Ávila y Euterpe Gutiérrez Valasis, secretaria de Administración del Congreso.
Los tres guardaron silencio, pero Aldana comenzó una campaña sucia con recursos públicos, a mediados de junio, en contra de las organizaciones inconformes, llegándolas a acusar de esconder “intereses inmobiliarios”, cuando a él se le acusa precisamente de que las obras de la cafetería no se licitaron, sino fue adjudicación directa.
Su estrategia mediática de la crisis fue encargar a dos empresarios proveedores del Congreso a que salieran a defender la obra, igual que a la dirigente sindical Mercedes Rodríguez Ocejo, quien dijo que b eneficiaría a 600 trabajadores, aunque después se reconoció que no se trata de un comedor para trabajadores sino una cafetería comercial.
El 13 de junio la presidenta de la Jugocopo, Jissel Castro Marcial, recibió a representantes de las 18 organizaciones que le solicitaron diálogo, el cual no se logró, ya que la diputada suplente de Mildred Ávila Vera y ex tesorera del comité estatal de Morena, se limitó a confirmarles que la obra s´{i se va a realizar y tendrá un costo de 14 millones de pesos.
Mientras esto sucedía en el Congreso, Yensunni Martínez Hernández, se debatía entre la derrota y la victoria y la sociedad othonense se manifestaba en las calles defendiendo el triunfo opositor ante una alcaldesa que buscaba la reelección a pesar de la desacreditación social a su gobierno.
El 16 de julio las organizaciones inconformes fueron recibidas por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, en respuesta a la solicitud de intervención a la gobernadora mediante oficio. La funcionaria les prometió mediar ante el Congreso y reveló que la cafetería tendría un costo de cinco millones de pesos y no 14 como les in formó la diputada Jissel Castro.
Este mismo día, la titular del Instituto para la Cultura y las Artes (ICA), Lilián Villanueva Chan, afirmó que la obra no cuenta con los permisos del área, ya que “ni siquiera nos informaron que iban a remover la estatua de don Andrés Quintana Roo”, cuyo paradero ella desconoce igual que el resto de la sociedad.
AMPARO JUDICIAL FEDERAL, DETIENE LA OBRA
El 9 de julio el Juzgado Primero de Distrito otorgó amparo a las 18 organizaciones inconformes que se lo solicitaron, con lo que las obras quedaron detenidas hasta que se resuelva jurídicamente el tema, después del 20 de agosto, fecha en la que deberán presentar sus informes motivados las autoridades estatales y municipales involucradas.
Las autoridades que fueron notificadas para tal fin son: el presidente de la Jugocopo, las y los diputados de la XVII Legislatura, la gobernadora del estado, el secretario de Educación, la titular del ICA, la presidenta municipal de OPB y el director de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de OPB.