Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.— De acuerdo con los artículos 52 y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el director del Periódico Oficial del Estado, Carlos Hernández Blanco, podría ser merecedor desde un apercibimiento hasta una suspensión por no publicar la reforma al Artículo 186 del Código Penal de Quintana Roo, decretada hace poco más de seis meses por la XVII Legislatura.
El expresidente municipal de Cozumel conoce los procedimientos, es abogado, pero esa “institucional” actual, la misma que prodigó cuando militaba en el Partido Revolucionario Institucional, donde incluso fue dirigente estatal, no le permite meter mano en una reforma que causó alboroto entre en el empresariado de la zona norte, pues contempla sanciones carcelarias a quienes conduzcan un vehículo automotor bajo los influjos del alcohol o de algún tipo de estupefaciente.
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El Periódico Oficial del Estado depende directamente de la Secretaría de Gobierno, por lo tanto, Carlos Hernández es un subordinado, un empleado que espera una orden, aun cuando su función está claramente definida en la Ley Orgánica que rige a ese organismo.
Periódico Oficial del Estado
El Artículo Segundo señala que el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, es el órgano de difusión oficial de carácter legal, permanente y de interés público, cuyo fin es dar publicidad en el territorio estatal, a los documentos jurídicos previstos en el artículo 7 de esta Ley, para que estos sean observados y aplicados debidamente.
La última reforma a la Ley del Periódico Oficial del Estado del 19 de diciembre de 2020 no contempla plazos para la publicación de leyes, reglamentos, decretos, declaratorias o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, expedidos por la Legislatura Estatal o la Comisión Permanente en su caso, lo que si establecía la normatividad anterior.
Sin embargo, las reformas al Artículo 186 del Código Penal de Quintana Roo fueron enviadas al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial con base en el párrafo segundo del Artículo Segundo.
El promovente de la reforma aprobada por unanimidad de los diputados que integran la XVII Legislatura fue Guillermo Brahms González, quien en varias ocasiones se ha lamentado porque su trabajo no ha sido publicado para que pueda entrar el vigor, no obstante que había asegurado que “consultaría” con sus colegas legisladores enviar un “exhorto” al Ejecutivo por un acto de omisión.
Los únicos triunfadores fueron algunos líderes empresariales y dirigentes camarales de Cancún, pues la citada reforma —según— afectaría la actividad, es decir, mermarían sus ingresos, toda vez que los turistas podrían ser multados y hasta encarcelados por conducir con aliento alcohólico o tal vez drogados.
