Por Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Una decisión que ha causado mucha polémica, es la decisión de la XVII Legislatura de construir una cafetería en la plaza Cívica, algo que afrenta el patrimonio cultural por lo que desde el Observatorio Legislativo se estará proponiendo la integración de un recurso jurídico para establecer las responsabilidades políticas y administrativas que tengan lugar por las decisiones tomadas en este tema rechazado por la ciudadanía.
Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio, destacó que estas decisiones atentan contra toda la normatividad que se tiene, además de ser una falta de respeto a su propia Institución, al buscar convertir su plaza Cívica, con los elementos que la integran, incluidas la estatua de Andrés Quintana Roo, en una cafetería para servicio de los legisladores.
“No tienen la atribución para poder hacer una operación de una cafetería, de concesionar, no está en las atribuciones de una Legislatura, de un Congreso este tipo de actividades y sobre todo también no puede construirse algo en un bien de dominio público a menos que cambie su forma jurídica y para eso se requiere un proceso qué también tendría que ser consultado por los ciudadanos”, denunció.
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Sobre esto hechos han sido muy claros los ciudadanos de Chetumal y de organizaciones de Profesionistas, los cuales han señalado lo irregular e innecesario de esta construcción, que atenta contra el patrimonio cultural de la ciudad.
Adicionalmente, como Organización Observadora detallaron nuevas irregularidades que podrían implicar una responsabilidad administrativa y penal de los servidores públicos de la legislatura que permitieron el proyecto y autorizaron las siguientes acciones:
1.- El proyecto y sus implicaciones están fuera de las atribuciones que tiene el Congreso del Estado, mismas que se encuentran señaladas en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en la cual no les otorga facultades para desarrollar actividades de este tipo y generar ingresos por este tipo de actividades, por lo que esa autoridad esta realizando acciones fuera de su marco normativo.
2.- No tiene facultades para otorgar una concesión a un particular en un bien de dominio público, como lo es la Plaza Cívica.
3.- El proyecto no está dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del 2024, por lo que se puede considerar que de manera indebida se autorizaron recursos públicos para fines distintos a los autorizados.
4.- El proyecto debió de aprobarse por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el cual es el órgano de Gobierno y administrativo facultado para hacerlo. Así lo establece su propia Ley Orgánica.
5.- Ante estos hechos la Constitución Política del Estado de Quintana Roo establece la responsabilidad de los servidores públicos ante hechos graves: Artículo 160.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o en la Administración Pública Estatal o Municipal, entidades paraestatales y paramunicipales y órganos públicos autónomos a los que esta Constitución les otorga dicha calidad, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, y por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
6.- En su propio Código de Ética, se establecen normas que están incumpliendo.