Javier Chumacero/NOTICARIBE PENINSULAR
PLAYA DEL CARMEN.- El secretario de Protección Civil, César Flores informó que se le aplicará una multa a la empresa proveedora del Tren Maya, por no cumplir y respetar los planes de detonación de explosivos en Paamul, dentro del tramo 5 sur.
“No nos avisaron y se les hizo muy fácil hacer todas las detonaciones juntas en lugar de seccionarlas, tal y como estaba en el plan que nos entregaron, lo que ocasionó un mayor impacto en el terreno”, explicó.
Te puede interesar: TREN MAYA: Habitantes se quejan de ruido y polvo que generan retroexcavadoras en el Tramo 5
De hecho, Fonatur no ha entregado el protocolo de protección civil que debería elaborar la compañía ICA, para las obras que están realizando en el fraccionamiento de Villas del Sol.
En ese lugar con miles de vecinos y escuelas alrededor, no han colocado la manta informativa y sólo han instalado los conos color naranja en las inmediaciones, pero sin la señalización adecuada.
“El monto de la sanción se establece con la Secretaría Jurídica. Esperamos que pronto nos entreguen este tipo de información”, dijo Flores.
Usan explosivos para extraer material para el Tren Maya
Según la revista Proceso, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ingresaron a varios predios al norte de Playa del Carmen, donde despojaron a un grupo de posesionarios y con métodos explosivos iniciaron la extracción de roca caliza para usarla en el proyecto federal.
Los testimonios indican que alrededor de 110 hectáreas de selva han sido afectadas por el desmonte ilegal desde principios de noviembre, ya que ingenieros militares rompen el suelo con dinamita para obtener el material.
Esos trabajos no están previstos en la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya Tramo 5 Norte. Grupos ambientalistas consideran que se está utilizando el mismo método de extracción que durante muchos años empleó la empresa estadunidense Calica, que no muy lejos de esa zona fue obligada a detener operaciones por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Joel Aguillón Padilla, representante legal de seis posesionarios afectados por la intromisión del Ejército, explica que en esa zona fueron expropiados terrenos atribuidos a alrededor de 60 posesionarios.