Por Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Congreso del Estado anunció que ha suspendido las licitaciones directas en la compra de bienes y servicios, y a partir de ahora todas las adquisiciones se realizarán bajo la revisión de un órgano colegiado.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Gustavo Miranda García señalo que el Congreso de Quintana Roo era el único en el país que realizaba sus adquisiciones a través de licitaciones directas, lo que dejaba en entredicho la transparencia de las compras.
El presidente de la Jugocopo, señalo que en un plazo de 30 días se deberá de emitir los reglamentos y los procesos para crear un órgano que ahora será el encargado de revisar las adquisiciones del Poder Legislativo de Quintana Roo.
Hasta antes de esta acción, el Congreso emitía licitaciones directas para la adquisición de bienes y servicios, pero lo peor es que en al menos 108 contratos se borraron datos como nombre del prestador y el pago a realizarse.
Es así que para “cumplir” con las obligaciones impuestas por el artículo 91 de la Ley de Transparencia del estado, el Poder Legislativo de Quintana Roo tiene disponibles para consulta 108 contratos por honorarios de igual número de personas. En todos los contratos está borrado el nombre del “trabajador”, el monto de dinero que se paga, la vigencia del contrato, y tampoco dice el servicio que prestará el trabajador. En realidad, se trata del mismo contrato.
El que menos gana en el listado que contiene los nombres de las personas recibe alrededor de 7 mil 500 pesos mensuales, y los que más ganan reciben 79 mil 893 pesos; pero todos tienen idéntico contrato de prestación de servicios.
De esta forma, el Poder Legislativo de Quintana Roo supuestamente daba cumplimiento a la fracción XI del artículo 91 que mandata a todos los sujetos obligados publicar y mantener actualizada: “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su rescisión.