Por Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Ante lo publicado en una nota de “Eje Central” y la posibilidad de que la firma de abogados, que lleva el caso en contra del ex gobernador del estado Roberto Borge Angulo, tenga acceso al 30 por ciento de los bienes que se logren recuperar del desfalco cometido en Quintana Roo, desde el Observatorio Legislativo se solicitó se publique el contrato, pues se trataría de un daño a los bienes patrimoniales.
Se trataría, denunciaron desde el Observatorio, de una privatización de la Justicia y una nueva afectación a los bienes patrimoniales del Estado, ya que si se recuperan los bienes y los montos causantes de una desviación patrimonial “deben de regresarse, de acuerdo a nuestras normas legales, al patrimonio del Estado del cual fueron sustraídos, ya que en caso contrario pudiese ser considerado como un aprovechamiento irregular de los bienes del Estado”.
Y es que aparentemente se trata de un “bono de éxito” al que el despacho tendría acceso desde 2018, cuando la administración de Carlos Joaquín le asignó, mediante procedimiento de adjudicación directa, el contrato SECOES-AD-923011964-N1-2018 para investigar y gestionar el retorno de los bienes que podrían haber salido del erario de manera ilícita.”
En la nota firmada por Julio Pilotzi se señala que: “José Antonio García Alcocer y Asociados SC, la firma de abogados que representa Santiago García Luque, tendrá acceso al 30 por ciento de los bienes que se logren recuperar del millonario desfalco cometido durante la gestión del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo”.
Expusieron que no se entiende el que se asigne un “Bono de éxito” si el propio contrato ya tiene asignado un monto de 13 millones de pesos y mientras la Consejereria del Estado tiene un presupuesto anual de 18 millones de pesos en 2021 y la SECOS desde 2018 a 2021 ha tenido un monto de cerca de 840 millones de pesos en sus presupuestos; con esos montos no deben de considerarse la asignación de casos a despachos externos.
En este sentido, expusieron que la corrupción es un negocio para quienes la ejecutan en detrimento de las instituciones y su patrimonio, pero hacer negocio con los efectos de la corrupción de manera institucional, ya es otra faceta de la corrupción, en especial cuando la bandera política del gobierno estatal ha sido su lucha contra la corrupción generada en la administración de Roberto Borge, actualmente privado de su libertad por proceso judicial iniciado por sus actos en perjuicio del patrimonio del Estado y desempeño irregular de la función pública, proceso del que tampoco se conocen los avances.
“El bono por resultados favorables incluye a aquellos bienes inmuebles ubicados dentro del territorio nacional y al efectivo recuperado y depositado en cuentas del contratante, cualquiera que sea el origen de la recuperación, es decir, ya sea resultado de resolución firme de autoridad competente o resultado de acuerdos o convenios extrajudiciales. Aunque pareciera una tarea que compete exclusivamente a la autoridad, léase Secretaría de la Contraloría del estado, de Rafael Antonio del Pozo Dergal; Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, o Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, la administración quintanarroense optó por recibir ayuda” privada”, presentaron.
“Y es que la administración estatal se comprometió a proporcionarles el nombre de las personas físicas o morales involucradas; así como su información patrimonial; vínculos de parentesco, relaciones de naturaleza comercial y societaria; información del Registro Público y vehicular; lista de los bienes muebles e inmuebles enajenados; información relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales, y en general cualquier información que les sea de utilidad. Roberto Borge Angulo enfrenta diversos procesos judiciales por delincuencia organizada, lavado de dinero, venta ilegal de bienes públicos y peculado en agravio del estado de Quintana Roo”.
Por ello, reiteraron, es importante que la SECOES haga un informe del contrato y se ponga a disposición pública, ya que en los portales de transparencia no está de manera accesible para evaluar sus cláusulas y las causales de contratación y rescisión; aunado a que debería investigarse si los socios del Despacho: José Antonio y Santiago García Luque hijos de José Antonio García Alcocer, tienen alguna relación en otras empresas con personas ligadas en otros negocios en el Estado de Quintana Roo.
