Esta semana se integra al equipo de Noticaribe Peninsular la chetumaleña Leny Prado, quien a través de la columna Corset Político abordará desde un punto de vista femenino lo que ocurre en la política quintanarroense
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Leny Prado/NOTICARIBE PENINSULAR
Tras conocerse que cuando menos cinco funcionarias de distintos órganos de gobierno, con elevados ingresos mensuales, se encontraban registradas en programas sociales destinados a mujeres de escasos recursos, se confirma una vez más que la honradez no es cuestión de género, porque la mano suelta se da en cualquiera de las partes.
Si bien es cierto que los valores vienen de cuna, “no robar” es uno de principios que rigen a la 4T, y que nada importó a quienes sin empacho y desde posiciones privilegiadas decidieron incorporarse a tan importantes programas sociales.
De nada valen los discursos si dentro de casa los mismos inquilinos se llevan los víveres aún sin hambre. Y es que el hambre de dineros pudo más que la conciencia y moral.
Las sanciones, ceses y exhibición pública son un golpe contundente a la mesa que seguramente moverá a más de uno a observarse con lupa y alejarse voluntariamente de la tentación o soltar de plano, por voluntad, la bolsita de cash que ya saboreaban. Claro, rogando que no salga antes a la luz cualquier discrepancia en el discurso.
Mujeres distantes de percibir ingresos por debajo de la línea de pobreza, que como requisito se establece para acceder a los programas emblemáticos del estado “Mujer es Vida” y “Mujer es Poder”, son quienes, hasta ahora, salen a la luz y no precisamente por su destacado actuar laboral.
Dentro de las funcionarias cesadas por la Contraloría del Estado están la encargada del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Secretaría del Bienestar, Rosario de los Ángeles Abán Mukul; la directora de Atención a Rezago Alimentario en la Zona Norte, Yesenia Marleni Escalera Valencia, y la jefa del Departamento de Apoyo Alimentario de Inclusión Social en la Zona Norte, Ana Luisa Chávez Mah Eng.
Sigue en investigación la directora de la delegación del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo en José María Morelos, Breya Hodich Alcocer.
Más recientemente, en ese municipio (José María Morelos) se dieron a conocer tres casos más: Rubí Carvajal Pech, secretaria del ayuntamiento; Teresa Castillo Rodríguez, directora del albergue estudiantil y Teresa Medina Martín, esposa del Director de Comunicación Social, quienes presentaron su renuncia “voluntaria”.
Con nombre y apellido para que no se olvide, pero también para que no tan fácilmente se pueda desplazar a quienes realmente tienen la necesidad de acceder a recursos destinados para los menos favorecidos.
Se cuestiona no solo el acceso a programas de beneficio social de quienes sin necesitarlo lo obtuvieron, sino los criterios aplicados para dejar fuera a mujeres que seguramente lo requerían más que quienes lo obtuvieron.
Y sí, si hay responsabilidad, sin duda, de quienes optaron por inscribirse, pero también de los métodos de selección, que evidentemente no son tan confiables y dejaron fuera, aún con la necesidad apremiante a varias mujeres en el Estado.
En todas las cazuelas se cuecen habas, pero no abusen, estas se ablandaron a la primera, a la facilita.
Los espacios ganados por mujeres en todos los ámbitos han costado años de trabajo, esfuerzo y camino árido; poner a algunas en la mira indecente de la avaricia, merma y no abona en lo ganado.
Bien a quienes evidencian, pero mejor aún a quienes sancionan y no permiten.
