Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
Chetumal.- Este martes se reunieron diputados de la Comisión Transitoria Especial de Seguimiento a los Asuntos Legislativos relacionados con la compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún o Aguakan, sobre la forma en que obtuvo los contratos de concesión del servicio de Agua Potable y Saneamiento en cuatro municipios de la zona norte.
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Legislativas, se trata de una compañía de origen francés que opera en Cancún y que está asociada a la empresa local Grupo Mexicano de Desarrollo, la cual posee el 50.1% de las acciones y que obtuvo bajo un contrato público privado el 8 de septiembre de 1993, el cual fue suscrito y autorizado por el consejo consultivo de la CAPA por un periodo de 30 años.
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De acuerdo con las investigaciones, la empresa pagó inicialmente 15 millones por concepto de derecho de concesión, 3.5 millones de pesos por el primer año de operación y 7.5 millones de pesos a partir del segundo año y hasta el término de la concesión que fue de 30 años, es decir, habría desembolsado en favor del Gobierno del Estado un total de 202 millones 500 pesos.
De acuerdo con el contrato de concesión, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos se reservan la facultad de revocar el contrato por violación a los términos y cláusulas establecidas.
También establece que la legislatura era la encargada de realizar evaluaciones semestrales sobre el estado financiero y las condiciones de operación en la prestación del servicio público concesionado.
Para tal efecto, CAPA debió haber informado a la legislatura correspondiente sobre el resultado de la supervisión y monitoreo que realice de la funcionalidad y calidad del servicio de suministro de agua potable y saneamiento, pero nunca se hizo de la esa manera.
En 1994 iniciaron modificaciones a la concesión a Aguakan
A partir de 1994, es decir, un año después de la concesión a la citada empresa, empezaron las modificaciones a las cláusulas del contrato, debido al crecimiento de Cancún; en 1998 se volvió a modificar el documento, pero ya a nombre de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún que incluyó en el servicio a Puerto Morelos y Solidaridad.
El 10 de noviembre de 2014, la empresa solicitó, por medio de sus apoderados legales, al gobierno de Roberto Borge, prorrogar de manera anticipada a su vencimiento la vigencia de la concesión hasta diciembre del año 2053, es decir, otros 30 años, mediante una contra prestación en favor del Gobierno del Estado por 120 millones de pesos, lo que fue aprobado por el mismo gobierno, los ayuntamientos y el Congreso del Estado.
El 2022, la empresa fue sometida al escrutinio público para que la propia ciudadanía o los usuarios decidieran la permanencia o no de Aguakan.
Sólo en Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, la consulta alcazó el 35 por ciento del parámetro aceptable, es decir, es considerada vinculatoria a la cancelación del contrato de concesión.
Es importante señalar que a nivel nacional, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún obtuvo el segundo lugar con mayor número de quejas registradas ante la Profeco por mala prestación del servicio de agua potable y saneamiento, así como por los altos costos en la facturación.