Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.– Los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia se unieron hoy para defender a Pedro Castillo, quien fue destituido como presidente por el Congreso peruano y encarcelado la semana pasada, después de su intento fracasado de disolver el parlamento y de instaurar un gobierno de excepción.
En una declaración conjunta, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, Gustavo Petro y Luis Arce Catacora se refirieron a Castillo como “presidente de la República del Perú” –una manera de no reconocer su destitución– y, tras sostener que fue “víctima de un antidemocrático hostigamiento”, exhortaron a las autoridades peruanas a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
“Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”, plantearon el gobierno mexicano y los tres gobiernos más cercanos a su visión en América Latina.
En su declaración, los gobiernos expresaron su “profunda preocupación” por los “recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”, y llamaron a “todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”.
Esta doble referencia a la voluntad popular y ciudadana refleja, entre líneas, a un llamado a devolver a Castillo su cargo presidencial, bajo el argumento que llegó al poder de manera democrática.
La semana pasada, López Obrador afirmó que Castillo había sido víctima de un “golpe blando” urdido por la élite política y económica de Perú, declaraciones que fueron rechazadas con vehemencia por Lima, que acusó el mandatario mexicano de “injerencia” en sus asuntos internos.
Castillo fue encarcelado después de anunciar, en vivo y por los canales oficiales, su decisión de disolver el Congreso –instancia controlada por la oposición, que ha paralizado cualquier movimiento de su gobierno–, de intervenir en el sistema de justicia y de instaurar un gobierno de excepción, en el cual gobernaría por “decretos-ley”.
Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los ministros de Castillo dieron la espalda al expresidente, y expresaron públicamente que no seguirían las instrucciones de Castillo por ser violatorias del orden constitucional; el Fiscal del Estado presentó una denuncia por “sedición”, y el Congreso votó su destitución.
Ante el fracaso de su intento de imponerse por la fuerza, Castillo trató de llegar a la embajada de México en Lima, pero fue detenido en el camino. Fue ingresado a la Prefectura de Lima y actualmente se encuentra en prisión preventiva por siete días.
Dina Boluarte, quien fuera ministra y luego vicepresidenta de Castillo pero equiparó su decisión a un “golpe de Estado”, tomó protesta como presidenta del Perú después de la destitución. Hasta el momento, ninguno de los gobiernos que salieron hoy a defender Castillo han reconocido públicamente a la nueva presidenta; en su declaración conjunta, no aparece ninguna mención a ella, sino al “presidente Pedro Castillo”.
Con información de Proceso
