Hugo Martoccia
El primer mes de gobierno de Mara Lezama, podría decirse, se movió alrededor de dos cuestiones básicas. Por un lado, la gobernadora comenzó a palpar y comprender la extensión y profundidad de la administración pública estatal, algo que quizá no había dimensionado en toda su amplitud. Por otro lado, descubrió que le dejaron esa administración en un estado calamitoso, y que deberá resolver ese problema casi en silencio.
En este último punto, sólo el inexplicable acuerdo político con Carlos Joaquín (quizá la peor “herencia” que Andrés Manuel López Obrador le dejará a Quintana Roo) impide que Mara aclare hasta donde llega el daño que el ex gobernador le ha hecho al estado.
Un dato: apenas la semana pasada la gobernadora pudo empezar a pagar los recursos correspondientes a diversos organismos autónomos, que no se cubrían desde, al menos, el pasado mes de junio. Los 7300 millones de pesos de deuda de corto plazo que dejó la pasada administración se explican así. Carlos Joaquín decidió desde hace mucho tiempo que ya no pagaría nada, y que dejaría esa bomba de tiempo a Mara.
Pero, como ya se dijo, la gobernadora debe resolver eso por sí misma, sin la posibilidad de explicarle a la sociedad que ella debe hacer frente a los estragos que dejaron años de apatía y desinterés. No puede jugar esa carta política indispensable para arrancar una administración, que es echarle la culpa al pasado.
En lo que respecta al primer punto que se explicó (entender la administración pública) es un tema no del todo resuelto aún. Mara tiene 4 años en la política, y aunque su “escuela” haya sido Cancún, y claramente tenga la capacidad necesaria para liderar su proyecto, no hay otra forma de conocer a fondo el Gobierno que estando ahí.
Posiblemente pasarán meses antes de que Mara tenga en sus manos todos los hilos del poder.
Lo que se ve con el análisis de esos puntos, es que el primer mes fue una suerte de “round de sombra”, una primera aproximación a la nueva realidad que deberá afrontar la gobernadora. Pero el segundo mes de Mara ya será otra cosa. Noviembre culminará con su primera gran política pública, que es la presentación del Presupuesto.
Mara debe definir a dónde irán esos 8 mil o 10 millones de pesos que se pueden mover (los otros 30 mil millones son casi intocables) y ahí sabremos qué tan profunda es la 4T que ha llegado a Quintana Roo.
GATOPARDISMO
Hace varios meses en este mismo espacio se estableció que el gatopardismo es quizá la principal amenaza a la implementación de la 4T en Quintana Roo. O sea, la consigna de “cambiar todo para que nada cambie”.
La primera parte ya sucedió. La propia estética de la 4T implica ese cambio total esperado. Pero ahora, los viejos actores políticos del sistema se mueven para que nada cambie de fondo. Muchos de ellos están agazapados en el mismo Gobierno, y algunos llegan hasta el entorno más íntimo de Mara para convencerla de que en Quintana Roo las cosas son como son, así funcionan desde hace años, y no se puede, ni es necesario, gobernar de otra manera.
Alguien de ese círculo llegó a decir en estos días que no es tan malo irse del poder como se fue Carlos Joaquín. La referencia apunta a que no importa realmente si la sociedad repudia su Gobierno; el círculo rojo y el poder lo tienen protegido. Mientras no extienda su agenda social más allá de reuniones de alta sociedad, y con empresarios y políticos amigos, nadie le va a recordar su polémico sexenio.
Mara ha dicho muchas veces que aspira a un destino diferente. Anhela que el día que termine su Gobierno pueda caminar por las calles y que la gente no le reclame promesas incumplidas. O sea, su objetivo es ser lo opuesto a lo que fue Carlos Joaquín.
Pero ahora debe ponerlo en práctica con hechos concretos. El gatopardismo la acecha, y la 4T le exige y la impulsa. Ahí está su batalla. Y el primer escenario de esa batalla entre gatopardismo y 4T es el Presupuesto.
LOS PODERES FÁCTICOS
Quizá nada ejemplifique mejor la lucha que se viene, que la postura asumida por la Asociación de Hoteles de Cancún ante la posibilidad de que se disminuya el presupuesto para la promoción turística, que para este año fue de 630 millones de pesos. El dirigente hotelero Jesús Almaguer dijo que no van a permitir que les quiten recursos, porque ellos aportan ese dinero con el Impuesto al Hospedaje.
Los hoteleros siempre han confundido esa discusión. Proponen que los impuestos que ellos recaudan deben aplicarse en ellos mismos. O sea, recaudan el Impuesto al Hospedaje, y ese recurso va a promoción para que se vuelvan a llenar sus hoteles. El Estado no funciona así.
La primera pregunta que hay que hacerse es qué tan valido es destinar 630 millones a promocionar destinos como Cancún o Riviera Maya, que están sólidamente instalados en el mundo, mientras las cifras oficiales muestran que en Quintana Roo hay cientos de miles de personas que comen poco y mal. Nada condiciona más el futuro que una infancia alimentada de manera deficiente.
Y eso, sin contar los 600 millones de pesos de deuda que tiene el Consejo de Promoción Turística, que fue una gigantesca caja de corrupción en el Gobierno anterior. Habría que debatir y solucionar esos puntos, antes de poner cientos de millones de pesos para quedar bien con hoteles que pagan sueldos cada vez más bajos.
Esta semana lo dijo la secretaria del Trabajo, Flor Ruiz: en Baja California les pagan a los trabajadores del turismo 50% más que en Quintana Roo.
LA REDISTRIBUCIÓN
Pero la discusión no queda sólo en ese ámbito hotelero; el esquema se repite en todos lados. Los organismos públicos autónomos y los Poderes no quieren recortes. Y presionan de diversas maneras para que eso no suceda.
Mara había anunciado que presentaría una iniciativa para quitar el candado constitucional que impide bajar esos presupuestos. Pero hasta ahora no lo ha hecho. Hay quien dice que la idea es presentar todo un paquete de iniciativas de manera casi conjunta con el Presupuesto, entre las cuales estaría, por ejemplo, una reingeniería administrativa que recortaría al menos un par de secretarías de estado, y la suba de algunos impuestos y derechos para recaudar más.
Pero también hay voces que dicen que la demora tiene que ver con las presiones desde los diversos poderes fácticos e institucionales, para que no toquen sus recursos. Estarían “convenciendo” a Mara Lezama de que no hay forma de bajar presupuestos sin recortar seriamente la capacidad operativa de esos organismos.
Eso, por supuesto, no es cierto. El Congreso y la mayoría de los organismos autónomos son espacios de poder y casas de empleo de grupos políticos diversos. Entonces, para bajar esos presupuestos, hay que enfrentar a esos grupos. Esas son las decisiones que hay que tomar.
Enfrentar a esos poderes sería la única opción para redistribuir recursos desde la política hacia los sectores marginados de la población. O sea, aplicar la 4T que se prometió. Mantener los privilegios de siempre, pero ahora bajo la bandera de la 4T, sería aplicar el gatopardismo. “Cambiar todo para que nada cambie”.
En pocos días, cuando se conozca el Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado, sabremos quién gana la primera gran batalla entre lo viejo que no termina de irse y lo nuevo que no acaba de nacer.
