Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- Con el argumento conservador de “las madres son primero”, el presidente Andrés Manuel López Obrador convirtió su conferencia mañanera de este 10 de mayo en un concierto dedicado a las madres, con la actuación de la cantante Eugenia León, desde siempre afín a la Cuarta Transformación, mientras afuera madres de desaparecidos le pedían derecho de audiencia.
Mientras se realizaba el concierto de León en honor a las madres, a las afueras de Palacio Nacional, tuvo lugar una protesta previa a la X Marcha por la Dignidad Nacional, Madres buscando a sus hijos, conformado por madres y familiares de personas desaparecidas, en representación de 74 colectivos. La marcha arrancó del Monumento a la Revolución con rumbo al Ángel de la Independencia.
Pero antes, un pequeño grupo de activistas se hizo presente ante Palacio Nacional. El eje de la protesta fue exigir que el presidente vete la llamada “Ley FGR”, aprobada recientemente por el Senado de la República que quita responsabilidades a la Fiscalía General de la República en materia de búsqueda de desaparecidos. Asimismo, el colectivo pidió al gobierno retomar los canales de diálogo que ofreció tener y exigió que se les conceda derecho de audiencia.
El grupo de madres de desaparecidos fue atendido por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas, a pesar de que la petición, mediante un comunicado de prensa, fue ser atendidas personalmente por el presidente de la República.
Al dar lectura al comunicado de prensa, la señora Yolanda Morán, representante del movimiento señaló:
“Una delegación de personas que integramos parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México nos dirigimos al presidente de México. Hemos acudido a palacio nacional para entregar una solicitud formal para que haga uso de su facultad de veto legislativo con relación al proyecto que le fue expedido el pasado 29 de abril para expedir una nueva ley de FGR y diversas reformas a la Ley General en materia de desapariciones.
“La petición de veto obedece a que, luego de un análisis minucioso del dictamen legislativo vemos con preocupación que el proyecto incluye reformas a diversas leyes especializadas que implican un retroceso a los derechos y garantías para toda la población, pero de manera particular, para las personas víctimas de desapariciones.
“No se escuchó a todas las voces… La legislación fue aprobada ante el descontento manifiesto por parte de víctimas y familiares, quienes, con el acompañamiento de organismos de la sociedad civil expusimos y propusimos soluciones. Se las dimos en la mano. Muchas observaciones valiosas, vertidas en aquellos ejercicios parlamentarios, no fueron retomadas en el dictamen legislativo remitido a Presidencia”, enfatizó.
Agregó que “si bien del proyecto de dictamen original se lograron realizar cambios positivos que implican mantener a la FGR dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, hubo modificaciones que implican que “pese a que la FGR se mantiene dentro del sistema, su participación quedó condicionada al entendimiento ambiguo de lo que es autonomía y subordinación jerárquica”.
“En reiteradas ocasiones el presidente nos ha expresado que su gobierno no escatimará en emplear los recursos necesarios para atender el problema de las desapariciones en México. Actualmente hay en México más de 87 mil personas desaparecidas, así como un gravísimo rezago forense cuantificado en la existencia de cuando menos 50 mil 505 cuerpos no identificados en México”, dijo.
Por lo anterior, solicitan que el presidente envíe de vuelta al Senado de la República el dictamen de ley de la Fiscalía General. Le presentamos en un documento algunas consideraciones técnicas que hemos construido de la mano de especialistas.
“De la misma forma, estamos solicitando el derecho de audiencia entre el presidente y un grupo de representantes, con el fin de explicar con mayor detalle las preocupaciones de las víctimas con respecto de las reformas legislativas que el día de hoy nos ocupan.
“Nuestra lucha, Andrés Manuel López Obrador lo sabe, es incansable”, advirtió.
Luego, en declaraciones a la prensa sobre el hecho de que no fueron recibidas mientras dentro de Palacio Nacional se realizaba un concierto con Eugenia León, la señora Morán dijo:
“No pues definitivamente… Eso se lo vamos a cobrar políticamente, definitivamente, porque nada le costaba con habernos recibido. Somos víctimas, no tenemos nada que celebrar. Si él todavía tiene a su madre o los que están adentro, los felicito, que bueno que vayan y festejen a sus casas, pero nosotras seguiremos aquí y exigiendo que nos reciba”.
El tema de personas desaparecidas ha sido muy explotado políticamente por el gobierno, particularmente por parte del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, desde hace décadas colaborador indispensable para Andrés Manuel López Obrador.
El texto de la ley, propuesto por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, proponía que la FGR, saliera de los organismos de protección de derechos humanos para darle mayor autonomía. Es decir, que el Ministerio Público dejara de formar parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Esta propuesta fue interpretada por activistas como un intento de la FGR de evadir responsabilidades y reducir sus acciones, ya de por sí escasas, en cuanto a la búsqueda de desaparecidos.
Es bien sabido que en México, la búsqueda de los desaparecidos corre a cargo de personas comunes, que por sus propios medios, recorren cerros, caminos y pueblos literalmente cavando en zonas donde consideran que puede haber restos enterrados clandestinamente. Cuando localizan restos humanos, los ponen a disposición de las autoridades, quienes supuestamente hacen las pruebas genéticas correspondientes para determinar la identidad de la persona cuyos restos fueron analizados.
Pero la nueva ley señala que entre los deberes de la FGR se encuentra el “tomar en consideración” las propuestas de investigación que planteen y darles acceso a registros, más se reduce su responsabilidad directa en la búsqueda de las víctimas, según acusan las organizaciones.
La ley dice que los casos que investigará la FGR solo serán aquellos de “gran relevancia social” o grave violación de los derechos humanos, dejando el resto de los casos en manos de los estados.
No obstante, la Fiscalía General solo atraerá casos de desaparición con “gran relevancia social” o “violación grave de los derechos humanos”, dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.
