Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- A petición expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en Reynosa, Tamaulipas, a quien señaló de favorecer la liberación de secuestradores de migrantes.
La solicitud, que se entregó a la secretaría general de la cámara, también acusa a Contreras de favorecer la liberación de integrantes de la delincuencia organizada relacionados con el tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
Después de presentar la solicitud, la Secretaría de Gobernación detalló: En el marco de los trabajos del gabinete de seguridad se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte
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Se explicó que se cuenta con una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público
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Conforme al proceso legislativo, la subcomisión de examen previo es la encargada de determinar si hay elementos para iniciar un juicio político, que en este caso se enviaría al Senado para que, a su vez, determine la posible destitución de Contreras.
El desahogo de las solicitudes de juicio político debe resolverse por la subcomisión de examen previo, en orden a la antigüedad en que fueron presentadas. Esa instancia jurisdiccional tiene pendientes, entre otras, expedientes contra los ex consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García y el senador Jaime Bonilla (PT).
Además, las peticiones de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no reducir sus salarios.
Gobernación tiene tres días para ratificar la solicitud, y cuando esto ocurra, la secretaría general enviará el expediente a la subcomisión.
Con información de La Jornada
