Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
Chetumal.- El diputado presidente de la Comisión de Movilidad de la XVII Legislatura del Congreso del Estado, José María Chacón Chablé, lamentó que la Ley de Movilidad de Quintana Roo se encuentre en entredicho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de una demanda de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos por considerarla violatoria a la libertad laboral y a la igualdad.
El legislador aseguró que en las mesas de trabajo, previo a su aprobación, representantes de plataformas digitales manifestaron estar de acuerdo en los términos de la fracción IX del Artículo 151 de la Ley de Movilidad del Estado, en la que se determinan los requisitos que deben cubrir los operadores de transporte público privado, entre ellos, no tener antecedentes penales, para poder prestar el servicio.
“Como legisladores contemplamos la posibilidad de que se pudiera considerar como discriminatgoria; sin embargo, hay que ser realistas, Quintana Roo, atraviesa por una situación complicada en materia de seguridad y, al analizar la reforma, sabíamos que nuestra preocupación principal es la seguridad ciudadana”.
En estados como como Nuevo León, dijo el diputado Chacón, se presentó una situación similar, pero hasta hoy sigue siendo un requisito presentar esa constancia de No Antecedentes Penales para operar cualquier plataforma de transporte digital.
NO FUE UNA LEY APROBADA AL VAPOR
La decisión de establecer este requisito se tomó como base los estudios empresas internacionales que miden el servicio de transporte mediante plataformas; en este informe se llevan las estadísticas sobre asaltos sexuales y accidentes. De hecho, hay denuncias por asaltos sexuales y ataques físicos fatales en lugares donde operan, como Estados Unidos.
En 2018, en México, se tenía conocimiento de alrededor de 400 denuncias anuales en contra de los operadores de plataformas por abuso de confianza, robo, violaciones, acoso sexual e incluso homicidio.
“Quintana Roo, ocupa el décimo lugar a nivel nacional en incidencia de homicidios, por lo que nuestra situación es crítica y, por lo tanto, es nuestra responsabilidad establecer medidas contundentes para combatir y prevenir la comisión de actos ilícitos”.
No obstante, el legislador aseguró que se respetará cualquier tipo de resolución o recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
