Por: Jorge A. Martínez Lugo
En este Día Mundial para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebra cada 2 de noviembre a iniciativa de la ONU, es pertinente recordar un pendiente que dejó el mal gobierno de Carlos Joaquín.
Se trata de la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, aprobada en 2015 por el gobierno de Roberto Borge y abrogada en 2017 por su sucesor. Es un tema que deberá asumir la actual XVII Legislatura; una herencia no deseada.
DESTRUYÓ LEY DE ARRAIGO Y LEY DE PERIODISTAS
No solamente falló su promesa de campaña de encabezar un “gobierno del cambio”, sino que manipuló leyes para continuar con la corrupción, el saqueo a través de los despojos de bienes y negocios al amparo del poder para él, sus hijos y familiares.
Modificó la Constitución, eliminando el requisito de residencia, para imponer a funcionarios del Grupo Puebla y de otros lugares desde donde se financió su campaña electoral; abrogó la Ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tema que nos ocupa en este espacio.
Desde 2011 diversas asociaciones de periodistas empezaron a impulsar el establecimiento en Quintana Roo del Mecanismo para la Defensa de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cosa que se logró después de mucho esfuerzo, el 3 de agosto de 2015.
LA ABROGACIÓN
Sin embargo, esta ley duró muy poco, ya que una de las primeras acciones de Carlos Joaquín fue abrogar dicha ley, el 14 de mayo de 2017, poniendo como pretexto una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lugar de reformarla, la abrogó.
CRÍMENES DE PERIODISTAS EN SEXENIO DE CJ
Durante el sexenio de Carlos Joaquín fueron asesinados cinco periodistas, uno fue desaparecido y otro asesinato de un defensor de derechos humanos. Seis crímenes y una desaparición; todos impunes.
Periodistas asesinados: José Alberto Velázquez López, José Guadalupe Chan Dzib, Rubén Pat Cauich, Javier Valladares y Francisco Romero. Periodista desaparecido: Oscar Díaz Peniche. Defensor de derechos humanos asesinado: Dimas Calderón Flores.
Además, el 9 de noviembre de 2020 (la próxima semana se cumplirán dos años) la policía estatal y municipal agredieron a balazos una manifestación en reclamo de los feminicidios, en la que resultaron heridas de bala periodistas y feministas.
El actual gobierno recibe otra herencia: 46 expedientes: 39 de periodistas y 7 defensores de derechos humanos, que han solicitado protección, por agresiones y amenazas recibidas, derivadas de su labor.
CASO HECTOR VALDEZ
El periodista Héctor Valdez está preso, detenido en la casa de seguridad en la que supuestamente estaba protegido; fue sometido a un juicio inducido, por los mismos autores de las amenazas, entre los que señala al ex presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah y al propio ex gobernador, Carlos Joaquín.
Este tema es una oportunidad para la XVII Legislatura, al asumir el análisis y aprobación de esta ley, para lo cual ya existen iniciativas, que deberán ser atendidas y dictaminadas, para someterlas al pleno.
Lo importante sería conjuntar un solo proyecto de ley, a partir del estudios de las que actualmente existen, de las cuales se podrá alcanzar una propuesta de avanzada y armonizada con la legislación federal en la materia.
La moneda está en el aire y se espera que la iniciativa que se construya con la participación de las organizaciones de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sea la mejor para Quintana Roo.
FEDERACIÓN DEBERÁ INTERVENIR
En cualquier caso, la federación deberá siempre participar, ya que no se puede dejar únicamente en manos de la política y la justicia locales, la protección a personas, que muchas veces son agredidas por los mismos poderes estatales y municipales, como fue el caso del nefasto sexenio del fallido cambio. Usted tiene la última palabra.
