Por: Jorge A. Martínez Lugo
Cuando van cinco periodistas asesinados este año en México, más cuatro ejecutados en el gobierno de Carlos Joaquín, la decepcionante XVI Legislatura se prepara para aprobar vía fast track, una reforma al Código Penal para criminalizar el ejercicio periodístico. La sociedad no lo ha solicitado.
La actual Legislatura no legisla para el pueblo que los eligió, sino para su propio beneficio. Veamos:
• La reforma para que los diputados y funcionarios, puedan ser presidentes de la Comisión de Derechos Humanos, a iniciativa de la presidenta de dicha Comisión, Dip. Judith Rodríguez Villanueva. Una vez consumada la reforma que ella promovió, pidió licencia para pasarse al otro lado del mostrador y solicitar ser presidenta del organismo autónomo y beneficiaria de su propia reforma.
• La intentona de aprobar la reelección de ellos mismos, hasta por seis veces, para perpetuarse en la ubre del presupuesto público y vender su conciencia mediante “pago por evento” y ahora al cierre del gobierno, en paquete “voto, todo incluido”.
• La exención de impuestos para la instalación de casinos, agregado cachirul, agarró con los dedos en la puerta al diputado verde, José de la Peña, y con todo cinismo, echaron marcha atrás.
• El otorgamiento amañado de concesión para una empresa que instalaría contenedores de basura en Cancún, por encima del presupuesto aprobado; un atraco, que también fue descubierto.
La iniciativa que nos ocupa es lo mismo: legislar para ellos mismos. En este caso para encarcelar hasta por ocho años a periodistas que atenten contra el “derecho a la intimidad”, concepto que nunca se explica en la iniciativa. ¿Ley Paparazzi?
Este delito, es similar al famoso “daño moral”, ya derogado, pero que encarceló a muchos periodistas y a otros condenó al pago de millonarias multas, como son los casos de Luis Cantón Zetina y Sergio Aguayo.
Ambos periodistas fueron sentenciados por haber supuestamente cometido “daño moral” contra los ex gobernadores de Campeche, Salomón Azar García y de Coahuila, Humberto Moreira.
Es similar a la iniciativa de la legisladora PRD, Iris Adriana Mora Vallejo, y que ya agendó de inmediato la presidenta de la Comisión de Justicia, Kira Iris San, del PAN, suplente de Lily Campos. Es decir, una iniciativa ya aprobada de antemano, en familia, a espaldas de la sociedad.
Desconocemos si en la XVI Legislatura ignoran que este tipo de legislación es de alto riesgo, por el uso y abuso del poder. Es un instrumento para encarcelar a periodistas. Es prohibida por los tratados internacionales de los que México forma parte, cuyo cumplimiento tiene nivel constitucional.
En cambio, las tres iniciativas para restablecer el requisito de residencia, permanecen en la congeladora, a pesar de ser un reclamo social.
Igual la iniciativa para crear el mecanismo estatal de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, presentada por tres asociaciones de comunicadores. Ambas leyes ya existían y el actual gobierno las abrogó.
Así las cosas, la actual legislatura prepara un blindaje a la corrupción, similar al de Roberto Borge al final de su gobierno, para que el periodismo no pueda molestarlos y el enriquecimiento quede oculto en los sótanos del “derecho a la intimidad”.
Esta iniciativa es un monumento a la opacidad y a la impunidad. Pero pueden aprobarla mediante la compra de conciencias, bajo el paquete “voto, todo incluido”, que ya rebasó el pudor del “pago por evento”. ¡Qué bonita legislatura! Estimado lector, usted tiene la última palabra. Chetumal, 150222.
