Carlos Chablé Mendoza
Reconocer los derechos de los pueblos indígenas y al pueblo afromexicano constitucionalmente no es cualquier cosa, es un paso más para concretar nuestra libre determinación y autonomía. Un reconocimiento constitucional real sería considerarnos sujetos de derecho público con personalidad jurídica que permita ejercer nuestros derechos logrados con una lucha muy larga. La libre determinación implica poder ejercer nuestras propias normas jurídicas, formas de organización y de gobierno.
Sobre esto último, los mayas herederos de los cruzo’ob tenemos aun memoria, nuestros abuelos y abuelas ejercieron por medio siglo esos derechos como resultado del Levantamiento maya de 1847.
La “asamblea nacional de los pueblos indígenas y afromexicanos” que se realiza en la ciudad de México, y sus resultados, están muy lejos de ser lo que realmente necesitamos, es un evento oficialista organizado para complacer al Presidente y su proyecto.
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No existe voluntad política para reconocer y respetar lo que ya está establecido y signado por el Estado Mexicano en la Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Existen otras convenciones internacionales de protección al territorio indigena y sus recursos, pero la anterior y la declaración son las principales y sin embargo en el país se viola lo establecido en ellas, el ejemplo más claro son los trenes del Presidente que destruyen biodiversidad, atentan contra derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas de Oaxaca, Chiapas y la Península de Yucatán.
No hay voluntad real para respetar nuestros derechos, solo demagogia y manipulación. Para entenderlo hagamos memoria: una iniciativa de reforma indígena le fue entregada a López Obrador en septiembre de 2021 como resultado de la consulta organizada por su Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
En febrero de 2024, el 5 de febrero precisamente, más de dos años después el Presidente presentó una Iniciativa de Reforma Constitucional que, “por primera vez en el país, busca no solo reconocer a las comunidades indígenas, sino también al pueblo afromexicano, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio dentro de la Constitución Política” (Publicación de Maira Olivo, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, 8 de febrero de 2024 en Animal Político)
Pero como ya señala la misma Maira Olivo (abogada en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo) esto ya está reconocido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Hace tiempo, unos 30 años, que la convención de la OIT sobre derechos de pueblos indígenas es ley en el país y no se cumple, se viola impunemente, el estado mexicano, la 4T, va en sentido contrario, sus acciones de gobierno van contra el derecho a la libre determinación, autonomía, contra los territorios indígenas, contra nuestras culturas que se desarrollan en nuestra gran biodiversidad actualmente destruida por trenes que no pedimos.
Debe reconocerse “plenamente la personalidad jurídica” no seguir la melodía fastidiosa y falsa de “un reconocimiento de ser titular de derechos”, el reconocimiento pleno debe implicar que podamos ejercer nuestra libre determinación y autonomía, y a eso le tienen miedo quienes están al frente del gobierno y de sus instituciones, cumpliendo órdenes de oligarcas cuyos intereses son de continuar el neoliberalismo que tanto les beneficia.
Es necesaria “la asignación y ejercicio directo de presupuestos por las comunidades, reconocer el patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos y su propiedad intelectual colectiva sobre este, y fortalece el derecho a las formas de desarrollo propias de las comunidades”.
Se requiere “establecer constitucionalmente la obligación de obtener el consentimiento antes de cualquier decisión o implementación de proyectos que afecten a las comunidades, que les permitirá salvaguardar de mejor manera su territorio ante el despojo que persiste por la imposición de megaproyectos diversos”.
Otro tema para destacar es lo que respecta a los derechos de las mujeres, la discriminación que sufren respecto a la propiedad de la tierra debe erradicarse , pero propuestas como las anteriores exigidas por los pueblos indígenas, y que formaba parte de la iniciativa entregada al presidente en 2021, no están incluidas sustancialmente cuando son temas que nos afectan diariamente.
Hay que insistir recordando que esto no es nuevo, en 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal mexicano y el EZLN, son los primeros acuerdos sobre derechos indígenas en México. Si el gobierno hubiera cumplido lo pactado con los pueblos indígenas en ese entonces, habrían pasado a la historia. Ahora los mencionados acuerdos se conocen más internacionalmente, por su incumplimiento, que en nuestro propio país.
El estado mexicano sigue sin cumplirlos, además siguen los asesinatos de dirigentes, hombres y mujeres, que defienden su territorio, el gobierno de la 4T impulsa el indigenismo asistencialista que va de la mano con la promoción de megaproyectos como el transístmico y el llamado tren maya. Se sigue invadiendo territorios de los pueblos dañando su patrimonio natural y cultural, igual que como ocurría en sexenios anteriores. En los mencionados acuerdos de San Andrés se busca acabar con el indigenismo oficialista y resolver esa famosa deuda histórica que se tiene con los pueblos, lo central en los acuerdos consiste en reconocer a los pueblos indígenas como sujetos sociales históricos y con derecho a la libre autodeterminación y a la autonomía. No lo olvidemos.