Hugo Martoccia
La progresión del escándalo por la deuda y presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Carlos Joaquín ya se ha convertido en un problema central para la instauración de la 4T en Quintana Roo. Hasta hace unas semanas, era sólo una cuestión de percepción y formas; la cercanía del ex gobernador era políticamente tóxica y poco más. Ahora, con información de lo que ha dejado ese gobierno, el tema adquiere una dimensión diferente.
El hecho de no tener demasiados funcionarios del neojoaquinismo en el nuevo gobierno ya no es suficiente para mostrar distancia. Ahora hay que ir más a fondo y “sacrificar” los acuerdos con ese grupo.
Pero la relación entre la 4T y el ex gobernador no parece haberse cimbrado por esos hechos. Los diputados locales que asumieron el 3 de septiembre (21 de ellos de la 4T) aplaudieron de pie el último Informe de Carlos Joaquín, y decidieron no llamar a comparecer a ninguno de sus funcionarios, en una clara estrategia para no tener que hacer preguntas incómodas. Insólitamente, citaron a responder esas preguntas a los funcionarios de Mara Lezama.
En los últimos días, esa estrategia de defensa a Carlos Joaquín subió otro escalón: ahora, los diputados repiten una y otra vez que esas comparecencias no tendrán sentido, porque los nuevos funcionarios aún no conocen sus dependencias. Preparan, de hecho, la “absolución” total de Carlos Joaquín y su ex titular de Sefiplan, la diputada Verde Ecologista Yohanet Torres.
COMPARECENCIAS Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
Lo cierto es que las comparecencias de los funcionarios de Mara, que inician este martes, tienen mucho valor; o al menos pueden tenerlo. Tanto esos funcionarios, como los diputados, tienen la responsabilidad política e institucional de informarle al pueblo de Quintana Roo cuál es el estado que guarda la administración pública. Y los datos ya están.
Veamos el caso de Sefiplan. Los últimos datos de la deuda que dejó Carlos Joaquín se cerraron el 30 de septiembre (o sea, ya durante esta gestión). Eso quiere decir que el titular de Sefiplan, el Verde Ecologista Eugenio Segura, ya los tiene, y puede proporcionarlos al Congreso.
La Secretaria de Obras Públicas, Irazú Sarabia, puede explicar qué obras se están realizando en el estado y en qué condiciones están. La propia Secretaría podría presentar un análisis profundo de las obras realizadas con el crédito de 820 millones de pesos que Carlos Joaquín solicitó el año pasado. Ahí está al Boulevard Bahía de Chetumal, con pintura que se cae a pedazos.
Los diputados también podrían pedir una auditoría sobre el destino de ese crédito, que era para obras. Digamos las cosas como son: esas obras están o no están; no hay mucho más que averiguar. Y si están, su calidad se puede fiscalizar en tiempo real, porque acaban de realizarse. Si no lo hacen, es porque no quieren.
Y así en otras áreas. ¿Qué pasa con las patrullas y las cámaras rentadas y compradas en Seguridad Pública? ¿Quién ganó con eso? En Salud las irregularidades son públicas y están en todos los medios de comunicación. ¿Por qué no las conocería Flavio Rosado, con un mes en el cargo?
La Cojudeq tiene casos de corrupción ampliamente conocidos; es un secreto a voces que varios de los contratos para recolección de sargazo no se cumplieron, pero se pagaron a empresas ligadas al poder, y SEMA podría decir cuantos proyectos inviables se autorizaron en los últimos meses. Hay mucho para decir.
Esto es simple: si los secretarios no conocen lo que ya conoce la prensa, y los diputados no lo preguntan, es porque hay una decisión política de hacerse cargo de todo ese desastre.
Y esa decisión podría llevarse consigo varias carreras políticas y toda la 4T de Quintana Roo.
LA PESADA LOZA DEL NEOJOAQUINISMO
Con semejante carga encima es muy difícil que Mara Lezama pueda poner en marcha la Cuarta Transformación en el estado.
En un entorno de Mara dicen que el acuerdo con el ex gobernador, así como el que hay con el Partido Verde, vienen desde Palacio Nacional. Y es cierto. Pero la relevancia de los acuerdos es diferente. El Verde ha sido un aliado central de la 4T. Guste o no guste, Jorge Emilio González Martínez ha cumplido su parte del trato, y a cambio pidió, entre otras cosas, posiciones en Quintana Roo.
Pero el acuerdo con Carlos Joaquín es pura pérdida. Andrés Manuel López Obrador sin duda ha de tener razones importantes para hacerlo Embajador en Canadá. Pero una cosa es cuidar la salida del ex gobernador, y otra es cargar con los desastres de toda su administración. AMLO no hizo eso con Peña Nieto.
Mara carga una losa demasiado pesada, que puede poner en entredicho todo el proyecto. Y esa carga tiene impacto en muchos ámbitos. Por ejemplo, esta semana se lanzó una estrategia mediática (que incluyó a algunos empresarios) para sostener en el cargo al Fiscal General del estado, Oscar Montes de Oca. La estrategia es del neojoaquinismo, que quiere mantener el control de esta área.
La decisión de que el Fiscal renuncie ya está tomada en el Gobierno estatal, pero Carlos Joaquín y el grupo Tepito están seguros de que si realizan la presión adecuada, harán retroceder a Mara. Ese es un riesgo de los pactos de impunidad: hace empoderar a los beneficiarios.
LA 4T AÚN ESTÁ VACÍA
Ya son varias semanas que la 4T tiene el control del Congreso y el Gobierno, y aun no se ve el andamiaje jurídico ni político que propiciará y será el sustento de la transformación.
Cuando AMLO asumió la presidencia dio a conocer 13 iniciativas que eran el fundamento de la 4T. Ahí estaban, por ejemplo, la ley para que la corrupción sea considerada delito grave, la revocación de mandato, o la venta del avión presidencial, entre otras. Y de inmediato aparecieron los programas sociales, muchos de los cuales se convirtieron en ley. Un verdadero impacto político, económico y social.
No se puede poner en marcha una transformación sólo con retórica y buenas intenciones. El caos de la movilidad, para poner un caso, no se va a resolver desde el Imoveqroo. Hace falta una reforma a la ley, para ordenar un sector donde se cruzan todos los problemas centrales de la sociedad quintanarroense.
Un ejemplo: los taxistas quieren ahora adueñarse del mercado del transporte después de las 22:00 horas, pero el método para hacerlo es amedrentar a los conductores de autobuses para que no trabajen. Así está ese sector; en la total anarquía.
Y mientras más tarda la 4T en llegar, los poderes fácticos se acomodan en sus posiciones o van por más. Otro ejemplo: los hoteleros festejan la garantía de que no se tocará el presupuesto del Consejo de Promoción Turística (de alrededor de 650 millones de pesos) que en los dos últimos sexenios fue una caja de la corrupción.
Eso dispara algunas preguntas: ¿no sería ese entonces uno de los presupuestos intocables de los que habla Mara Lezama? ¿Cómo bajarle el presupuesto al Congreso, al Ieqroo, o al Idaipqroo, por decir algo, pero mantener activa la caja chica para los viajes de los funcionarios que pasean por el extranjero?.
La mejor forma de ayudar a los menos tienen es con políticas públicas diseñadas para ellos y no para los poderes fácticos, y con la redistribución de los ingresos. La redistribución se hace en el Presupuesto, que es el principal instrumento de política pública, o con impuestos a los sectores más potentados. No hay más caminos.
Un gobierno es una constante toma de decisiones, y cada decisión lo pone en uno u otro lado del espectro político. Redistribuir los ingresos a favor de los que menos tienen, tomando todas las decisiones que haya que tomar, es pararse del lado de los principios de la 4T y de los más necesitados.
Treparse a la inercia del poder con una elaborada retórica progresista, mientras se mantiene el status quo, es la antítesis de la transformación.
