Matilde Zamora/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La nueva Junta de Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Quintana Roo deberá aclarar si hubo o no anomalías en la contratación del software “Blockchain” promovido por el diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM), Gustavo Miranda García, indicó Eduardo Galavis Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo.
En entrevista Eduardo Galavis afirmó que a pesar de que la el nuevo presidente de la Jugocopo, Eduardo Martínez Arcila anunció que el contrato de la empresa desarrolladora del software fue cancelado, es necesario, se transparenten los recursos pagados a dicha empresa y el contrato de la misma.
“Es importante que en este momento la Auditoría Superior del Estado, y el ahora presidente de la Jugocopo, Eduardo Martínez, hagan una auditoría para saber en qué condiciones se hizo esa contratación, porque efectivamente los datos que dieron aparentemente estaba registrada en Oaxaca, y figuraban dos domicilios, uno de un despacho de asesoría en tecnología, y otro de una veterinaria”, indicó.
El presidente del Poder Legislativo destacó que además el Poder Legislativo no tiene la necesidad de contratar esta tecnología, pues toda la información generada en el Congreso es de carácter público.
Mencionó que desde el principio Órgano Interno de Control debía realizar las observaciones pertinentes, pero como en ese entonces el Secretario General de la Jugocopo, Renán Sanchez Tajonar era muy cercano a Gustavo Miranda, por su afinidad al partido Verde, el contrato fue otorgado en la opacidad.
“Es una cadena de complicidades que se va dando para que no se sepa de fondo este manejo presupuestar, debió haber sido el órgano de control. Ahora lo debe hacer la junta de gobierno entrante, que aunque ya lo cancelo porque no sirve, debe hacer la investigación de bajo que condiciones se contrató y la Auditoría Superior del Estado cuando analice la cuenta pública”, precisó.
¿POR QUÉ TANTA POLÉMICA?
En enero de 2020 durante la administración del diputado del PVEM, Gustavo Miranda García, en el Congreso de Quintana Roo, el poder legislativo otorgó un contrato por casi 5 millones de pesos a la empresa MTZ Especialistas y Soluciones Integrales S.C. con domicilio en calle Ajusco 812, colonia Volcanes, C.P. 68020 Oaxaca, Oaxaca.
Con el argumento de utilizar tecnología “blockchain” para la certificación digital de la documentación legislativa, a través del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo con el “que se brindaría mayor transparencia al manejo de la información durante el proceso legislativo”.
Cuando trascendió que el software tenía un costo de 60 millones de pesos, y se realizaron más de 10 solicitudes de transparencia, Miranda entró en el “ojo del huracán”, al no atenderlas.
Posteriormente se aclaró que la aplicación “Avalanche” con tecnología blockchain, tiene un costo neto de 4 millones 964 mil 800 pesos mensuales.
Aunque Miranda ya concluyó su periodo de gobierno en el Congreso, el contrato hasta la fecha no aparece en la plataforma de transparencia del poder legislativo, ni la empresa en el padrón de proveedores del Congreso del estado.
El pasado 11 de octubre, el ahora presidente de la Jugocopo, Eduardo Martínez Arcila anunció ya no se renovó el contrato el software Blockchain pues dijo que “aunque es muy bueno, en optimizar transparencia en sus procesos, resultaba muy caro”.
“Es un buen sistema, pero muy costoso, costaba al Congreso aproximadamente 600 mil pesos mensuales, sobre calificado para las necesidades propias del Congreso y es por ello que a partir de esta semana entra en operación otro propio”, indicó.
El contrato venció en agosto, y dijo “los alcances del contrato es parte de los alcances de entrega recepción, que se concluyó. Al final, es información pública a la que cualquiera puede tener acceso a esos contratos”, finalizó
