Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Fue en el 2014 en la época en la que en Quintana Roo gobernaba Roberto Borge Angulo, con una mayoría abrumadora por parte del PRI y sus aliados, cuando aprobaron anticipadamente extender 30 años la concesión de Aguakan, permitiéndole mantenerse hasta el 2053, contó Jorge Carlos Aguilar Osorio, ex diputado local.
En ese momento, denunció, eran muchos los elementos que habrían determinado como no viable la prórroga, como el mal servicio, cobros excesivos por reconexión, fugas sin solución que además provocan deudas impagables, rompen las calles y no las arreglan, entre otras.
“A mí me buscan y me dicen que habrá una renovación de la concesión de Aguakan, sin ninguna explicación de por medio, tal como se daban las cosas en ese tiempo. Como lo expuse en el pleno, la verdad es que era inaceptable si quiera pensar en una renovación, además de que lo querían hacer a 50 años, sin motivo y sin tomar en consideración toda la serie de atropellos de la empresa”, describió.
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Fueron momentos, añadió, en los que hubo presiones del borgismo y de los diputados, como el hecho de que ninguna de sus iniciativas subió, nunca fue presidente de la mesa pese a que jurídicamente le correspondía, así como ofrecimientos económicos en los que no estaban dispuestos a caer y fue un sexenio complicado en el que un par de veces se metieron a su domicilio.
Desafortunadamente, reconoció, no había jurídicamente ningún impedimento para extenderles la concesión, pero sí una gran falta moral de esa XIV Legislatura, porque además se discutió el tema no más de 25 minutos.
Se exponía que solo el 11% de lo recaudado se traduciría en obra pública, pese a que les sale muy barato extraerla y venderla, a precios exorbitantes, en comparación con costos que se tienen a nivel nacional y un claro ejemplo es que si alguien deja cerrada su casa, recibirá una deuda mucho más grande por agua, que por luz.
El gobierno tanto estatal como los municipales, destacó, son los que han tenido que invertir en obra para acercar el servicio a otros puntos, no hay más plantas de tratamiento, entre otras situaciones por las que no se debería haber dado el visto bueno a la concesión por más tiempo.
Existen aún cabos sueltos, como el pago de 1,070 millones de pesos que pagó la empresa para la prórroga y aunque hubo personas que enfrentaron a la justicia por este tipo de temas, se desconoce en dónde quedó ese dinero.
“Esperemos que jurídicamente se tengan fuertes los argumentos del gobierno del Estado, yo estimo que así va hacer con la consejería jurídica, yo estimo que así va a ser para de una vez por todas terminar con esta concesión y en favor de la ciudadanía tener condiciones mucho más reales y amigables de lo que se paga actualmente”, puntualizó.
