Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
Cuando Carlos Joaquín González llegó a la gubernatura del Estado con la bandera de la alianza PAN-PRD, el 25 de septiembre de 2016, de inmediato despidió a todos aquellos servidores públicos de confianza de todos los niveles que olieran a Roberto Borge o, bien, tuvieran relación alguna con el PRI, ya sea de manera directa o indirecta.
Su antecesor, Roberto Borge, en las últimas semanas de su gobierno mandó a la entonces mayoría priistas del Congreso del estado, aprobar el llamado “paquete de impunidad”, el cual fue desmontado por el nuevo gobierno emanado del PAN y PRD.
Entre las acciones para derribar el muro de impunidad de Borge, fue destituido el presidente de Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), Javier Zetina González, de militancia priista y cercano a Roberto Borge.
Pero, a Carlos Joaquín, cuya administración concluyó en septiembre de 2022, le fue ha ido muy diferente con el gobierno bipartito Morena-Verde.
Te puede interesar: PERPETUAN JOAQUINISMO: Mayoría cuatroteista perfila reelección de dos magistrados del TJA
A la par, amparado por un “Cambio” que nunca llegó y que dejó un terrible sabor de boca a toda la gente que confió, una vez más, en las promesas de un político que nunca dejó de ser priista; al final se fue a Canadá coqueteando con el partido guinda del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Antes de dejar la gubernatura en manos de Mara Lezama Espinosa, Carlos Joaquín incrustó, en tiempo y forma, por no decir de manera mañosa, en puestos o cargos clave a sus colaboradores de más extrema confianza, aquellos que en algún momento pudieran tapar sus errores, protegiéndolo incluso de ir la cárcel, así como él lo hizo con su paisano cozumeleño Roberto Borge Angulo, quien hasta hoy permanece preso en una cárcel en el estado de Morelos.
La morenista Mara Lezama Espinosa recibió un gobierno lleno de joaquinistas incrustados en puestos claves en la Fiscalía General del Estado, obviamente; en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de Justicia Administrativa, en la Fiscalía Anticorrupción y hasta en la Auditoría Superior del Estado, es decir, tejió una red de complicidad a su gobierno.
“Blindaje”
Hasta se podría decir que son joaquinistas “blindados” por la 4T; de hecho, en algunos casos, ese blindaje se consuma y se fortalece. Ejemplo claro de ello es la reelección de Alfredo Cuéllar Labarthe e Isabel Cecilia González Glennie como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por un último periodo de seis años.
Cuéllar es magistrado desde el 2018 y junto con Isabel Cecilia les tocó trabajar en la construcción del TJA, tras haberse expedido el decreto de creación, precisamente por la XV Legislatura, en la que el PAN logró una precaria mayoría con el PRD y tránsfugas del PRI.
En enero de 2019, Cuéllar fue designado presidente del TJA por decisión del resto de los magistrados integrantes del pleno, tras la renuncia de la Magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz; su periodo terminó en enero de 2022.
Por cierto, el otro joaquinista incrustado es el propio magistrado presidente del TJA, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, quien apenas el 22 de enero de 2022, ya casi a la salida de Carlos, rindió protesta como tal.
Del PAN a la 4T
En la Fiscalía General del Estado fue relevado, luego de un año, Óscar Montes de Oca Rosales, tiempo suficiente para tapar cualquier asunto jurídico en contra de su ex patrón Carlos Joaquín. Llegó entonces Raciel López Salazar, cuyo paso por Puebla y Chiapas al frente de Seguridad Pública y la Fiscalía fue reprobado. Pero ahí siguen muchos más.
Otra joaquinista de corazón que se ha perpetuado en el cargo es Rosaura Villanueva Árzapalo, quien el 14 de septiembre de 2017 rindió protesta ante la XV Legislatura como Fiscal Anticorrupción del Estado.
En la Auditoría Superior del Estado, cuyo papel se ha limitado a hacer extrañamientos o recomendar inconsistencias en las cuentas públicas, continúa el joaquinista Manuel Palacios, quien rindió protesta como tal el 1 de septiembre de 2017 ante diputados de la XV Legislatura del Congreso del Estado, desde donde se cocinaron todo tipo de asuntos para salvaguardar la seguridad jurídica y administrativa de Carlos Joaquín González.
En el Congreso del estado también quedó Yohanet Torres, en la bancada del PVEM, es decir la 4T, tras ser titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), con Carlos Joaquín
Pero, dentro de la administración todavía hay más joaquinistas agazapados, peor en tareas menos estratégicas.
