Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano del Municipio de Othón P. Blanco (PMOTEDU), porque consideró que “la Federación debió de haber participado en la creación del Programa reclamado, toda vez que éste incluye áreas naturales protegidas”.
De acuerdo a la sentencia, el mencionado programa “reconoce que incide en ciertas áreas naturales protegidas”.
Estas son:
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Reserva de la Biósfera Calakmul,
Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil,
Parque Nacional de Arrecifes de Xcalak,
Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro y
Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano.
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Aún así, en su momento el Ayuntamiento decidió no incluir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la elaboración del Programa, como lo ordenan las leyes federales.
Como lo ha dado a conocer La Opinión, los PMOTEDUS fueron una creación del gobierno de Carlos Joaquín para montar un gran negocio inmobiliario sobre varios municipios del estado.
La idea era no incluir a la Federación en estos nuevos Programas, y meterse en áreas naturales protegidas y cambiar usos de suelo forestal, algo que tiene prohibido por ley.
Así lo hicieron en Tulum, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y OPB.
Pero este ultimo fue un caso particular, porque fue el único de esos Programas irregulares del sexenio pasado que aprobó un Cabildo morenista. En los otros municipios, lo aprobaron personajes cercanos al ex gobernador.
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EL PACTO MORENA – CARLOS JOAQUÍN
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En OPB, el PMOTEDU se aprobó el 27 de agosto de 2021, alrededor de un mes antes de que Otoniel Segovia concluyera su periodo como alcalde, y le entregara el municipio a Yensunni Martínez. Ambos, como se sabe, surgidos de MORENA.
En aquella sesión votaron a favor de ese Programa Adrián Sánchez Domínguez, quien luego sería secretario general de Yensunni Martínez; y Omar Rodriguez, hoy diputado local de MORENA, impuesto por la alcaldesa.
También favor votaron la diputada panista Cinthya Millán, y la actual directora del IQM del Gobierno del estado, María Hadad. Esta ultima fue incluso la presidenta de la Comisión del Cabildo que llevó adelante el proceso para realizar el PMOTEDU.
Y, por supuesto, lo aprobó por unanimidad un Cabildo morenista que no debería haber aceptado esa ilegalidad, cuando para esa época ya era pública la inconformidad del Gobierno federal con esos PMOTEDUS.
Incluso, ya había una controversia constitucional presentada por Presidencia de la República contra el PMOTEDUS de Tulum. Aun así, el monismo de OPB votó a favor del entonces gobernador Carlos Joaquín.
Pero si bien fue ese Ayuntamiento el que que aprobó el Programa, éste fue publicado en el Periódico Oficial el 25 de noviembre de 2021, cuando ya era alcaldesa Yensunni, y allí fue impugnado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Incluso, fue el Gobierno de Yensunni el que lo defendió ante la Corte.
Primero, utilizó un argumento legaloide.
El municipio dijo que si bien el Programa reclamado se publicó en el Periódico Oficial del Estado, “éste no ha sido inscrito en el Registro Público. Al no haber sido publicado no puede surtir efectos legales y causar afectación a la Federación”.
La Corte le respondió que al existir ese documento en el mundo jurídico, ya era factible analizar su constitucionalidad.
Y luego, el Ayuntamiento defendió el hecho de no haber convocado a Semarnat para realizar el Programa, porque consideró que tenía atribuciones amplias para realizar ese documento.
Sin embargo, ese argumento también fue descalificado por la Corte, que invalidó todo el Programa, que ahora debe rehacerse con la Federación y sin incluir ninguna ANP.
La semana pasada La Opinión publicó que también se invalidó una parte sustancial del PMOTEDUS de Tulum, justamente en 8 unidades de gestión colindantes con áreas naturales protegidas, y también se invalidaron algunos lineamientos de los Programas de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto.
Con información de La Opinión QR
