Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Por hacer oídos sordos y ser cómplices en el Consejo de la Judicatura Federal, de donde presumen podría haber llegado la orden de no resolver, los ejidatarios del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, Tulum, interpusieron una denuncia penal en contra de los magistrados: Aarón Alberto Pereira Lizama, José Antonio Belda Rodríguez y Claudia Berenice Anguiano Rentería integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo.
En entrevista José Antonio Belda, presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún dijo desconocer esta denuncia y tampoco recordó el caso, por lo que no pudo dar respuesta a los motivos por los que no han resuelto el Amparo Directo 564/2021, pese a que el término original para presentar el proyecto de resolución venció el 20 de enero de 2023.
“No, señorita, no sé nada al respecto, lo que usted me está informando es la primera vez que yo tengo noticias de esa situación y bueno, pues al final cualquier persona está en su derecho como ciudadano de presentar una denuncia ante las autoridades competentes, por lo que consideren ha sido alguna afectación a sus derechos; yo como funcionario judicial le puedo decir que todos los asuntos que tenemos en el conocimiento del tribunal, se estudian con el mayor cuidado, se trata de tomar siempre las decisiones correctas apegadas a la ley, a la Constitución, a la jurisprudencia que nos es obligatoria y las partes tienen desde luego la posibilidad de interponer los recursos legales que están a su alcance y también desde luego, inconformarse a través de las vías que tienen pertinentes entonces, pues en realidad no tendría mucho que decir al respecto, no sabría incluso datos específicos sobre lo que usted me comenta”, respondió.
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Luego de exponerle los hechos por los que los ejidatarios presentaron la denuncia, argumentó que el Tribunal en el que trabaja actualmente tiene un promedio de más de 2,000 asuntos, por ello no podría tener un dato específico de alguna persona en particular, pues él llego a este Tribunal en agosto del año pasado, y las cargas de trabajo que tiene este Circuito Judicial y todos los tribunales son muy altas.
Fue el pasado 1 de julio de este año, cuando los ejidatarios interpusieron la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, en contra de los magistrados porque han transcurrido dos años y medio de que el Amparo Directo 564/2021 fue admitido a trámite sin que hasta la fecha se haya emitido la respectiva resolución, cometiendo los delitos previstos en el artículo 215 fracción IV y 225 fracción VI del Código Penal Federal.
Previamente los ejidatarios ya habían presentado dos Quejas Administrativas ante el Consejo de la Judicatura Federal, por estarse violando el término legal de 90 días previsto en el artículo 183 de la Ley de Amparo, para presentar el proyecto de resolución del Amparo Directo 564/2021 a las Quejas les dieron los números de expedientes 1157/2023-VII y 3886/2023-XI las cuales fueron desechadas, no obstante que el término legal para presentar el proyecto de resolución ya había transcurrido ampliamente.
Además, acusaron de dolo al Consejo de la Judicatura Federal presidido por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al haber cambiado sorpresivamente de adscripción al magistrado ponente Alfonso Gabriel García Lanz cuando estaba a punto de emitir resolución, así como de convertir al Juez de Distrito, Aarón Alberto Pereira Lizama, en magistrado para ocupar su lugar.
“Contamos con ciertos recursos materiales humanos, con los cuales dictamos nuestras resoluciones en el menor tiempo posible, desafortunadamente pues la cantidad de asuntos, la cantidad de trabajo, no siempre permite que se dicten las sentencias con la rapidez que todas las personas deseamos, pero bueno, no sé específicamente el caso concreto que usted me indica a qué se refiere con mayores particularidades. Lo que sí le puedo decir, es que como funcionarios judiciales, pues al menos a título personal estamos con el mayor compromiso de hacer nuestro trabajo siempre de la mejor forma y mi respeto para todas las personas, todos los justiciables que deseen inconformarse con nuestras decisiones o con nuestra actuación, pues tiene a su alcance, desde luego todos los mecanismos legales que consiguen pertinentes y nosotros tenemos la obligación de respetar siempre los derechos de las personas, haciendo nuestro trabajo de la mejor forma”, puntualizó.
Agregó que todas las demandas, todos los recursos llegan a los tribunales, siguen un camino procesal hasta que está en condiciones de dictarse una sentencia, eso se hace en todos los casos, se sigue un procedimiento específico respetando los derechos de todos, quienes son parte hasta proyectar una sentencia.
En el tribunal mixto, tienen materias de amparo diversas y lo que hacen es respetar los términos y plazos procesales de la Ley de Amparo para poner un asunto, eventualmente dictar la resolución y dar por concluida un asunto generalmente, y cuando esto no ocurre no es porque no tengan la voluntad de resolver los asuntos, sino por las altas cargas de trabajo.
“Nosotros como funcionarios judiciales no tenemos ninguna controversia con nadie nosotros somos un órgano imparcial. No tendríamos en principio ningún conflicto con ninguna de las partes, ea es la razón que legitima el juez a decidir. Al menos en mi caso siempre he tenido las puertas abiertas para que cualquier persona que es parte en algún procedimiento en el tribunal, puede acudir a hacer valer sus inquietudes, sus manifestaciones, es mi obligación como servidor público recibirlos”, concluyó.
Mientras tanto los ejidatarios expusieron que son despojados de las posesiones ejidales mediante ilegales juicios civiles y mercantiles llevados ante autoridades del fuero común de otros estados de la república.
