TIERRA DE CHICLE: Santa Anna, Maximiliano, Juárez y don Porfirio en la Guerra de Castas de Yucatán

Por Gilberto Avilez Tax

En la vida pública de México del siglo XIX todos los errores cometidos por los distintos gobiernos, permanecen a veces soterrados, silenciados o perdidos entre los legajos y la escritura de la historia. En torno a la Guerra de Castas, la relación de México, o de los gobiernos mexicanos, fue ambigua y contradictoria, como todo de ese siglo violento y cambiante. Sin querer ahondar más allá de algunos breves bocetos, señalemos a cuatro gobiernos que, desde la segunda mitad del siglo XIX, trataron de distinto modo la sublevación indígena en la Península.

            Citemos los últimos años del “seductor de la patria”, Antonio López de Santa Anna, que en la década de 1820 había sido gobernador de Yucatán, por un breve periodo y conocía de sobra el carácter reaccionario de la Península. En su entronizamiento como “dictador” de la república, Santa Anna envió como gobernante a tierras de Yucatán, a su cercano Rómulo Díaz de la Vega, que de 1851 a 1854 combatiría con fuerza la sublevación indígena. La contraofensiva yucateca, que se sobrepuso a los estertores de muerte ocurrido durante los primeros meses de la guerra indígena agudizada en 1848, se inició en 1849 y se reforzó a partir de 1851 cuando el santanista Rómulo Díaz de la Vega asumió la comandancia general de Yucatán; esta arremetida amenguó en 1855, cuando el general ya había salido de la Península.

            Para agosto de 1850, las tropas yucatecas incursionaban seguidamente en el territorio oriental de la Península, en busca de cautivos y de milpas como botín de guerra.  Una de las eficientes incursiones de Rómulo Díaz de la Vega al territorio oriental, entrando a Chan Santa Cruz mismo y conectándose con Bacalar, sucedió a principios de 1852. La crónica, escrito por el mismo De la Vega el 3 de marzo, se puede consultar en El Siglo XIX. Tal vez esta razzia era para buscar brazos para los ingenios azucareros de la Cuba esclavista.  Porque hay que decir, que desde tiempos de Manuel Barbachano, se dio comienzo a la venta de mayas a Cuba, pero la venia vino con el general Santa Anna, en tiempos de Rómulo Díaz de la Vega.[1]

            En uno de los pocos pasajes donde se hace referencia a las cosas de Yucatán, en el Tomo VIII de México a través de los siglos, la monumental obra historiográfica liberal dirigida por el poeta y guerrero don Vicente Riva Palacio, se lee que en septiembre de 1853, había estallado en Valladolid un pronunciamiento liberal en contra de la dictadura santanista acaudillado por Manuel Cepeda Peraza (1828-1869), y secundado por el malogrado hijastro de Santiago Imán, Sebastián Molas (1819-1853), Ontiveros y otros, contra el lugarteniente de Santa Anna en la Península, el general Rómulo Díaz de la Vega. La rebelión no prosperó, pues en Mérida fue desactivada por los ímpetus guerreros del general José Cárdenas, el coronel José Eulogio Rosado y el infatigable Sebastián López de Llergo. Cepeda Peraz pudo salvar su pellejo y tomado la costa oriental hacia el extranjero, debido a la ligereza de su caballo. Molas, Ontiveros y un tal Villamil, cayeron prisioneros y fueron pasados por las armas. Era el año del cólera morbus que se llevaría a la tumba al asesino de Manuel Antonio Ay, Eulogio Rosado; la peste se cernió sobre Mérida y toda la Península. El pasaje de México a través de los siglos que comento, refiere lo siguiente:

“El dictador premió a los defensores de la plaza, y terminando aquella intentona, como antes habían sido la de Veracruz y otras, juzgó que su poder estaba ya consolidado. Prevalido de él autorizó y regularizó la venta de indígenas yucatecos sublevados, venta que trató de disimularse como ya lo había sido en otra ocasión, por medio de un llamado contrato que en nombre de aquellos desgraciados que no lo entendía firmaban las autoridades. Como esto constituía una granjería para las mismas, no menos que para los jefes de cantón, se despertó exasperadamente su codicia; y como llegó a ser muy difícil capturar sublevados, se apeló al medio inicuo de apoderarse de familias enteras, á las cuales se declaraba rebeldes, para destinarlas á aquella esclavitud. Los contratistas de la Habana situaron en Mérida un agente, Gerardo Tizón, y para entenderse con los indígenas, que solamente hablaban el maya, nombraron intérprete a don Pedro Zetina, quien aceptó el encargo por salir de la angustiosa situación á que se hallaba reducido desde que el gobernador Díaz de la Vega lo había desterrado por liberal de aquel departamento. Zetina pudo volver de tiempo en tiempo á Yucatán, en su calidad de intérprete, y amparado con la poderosa protección de la casa contratista. Los cantones militares, establecidos con motivo de la guerra de castas, fueron una plaga, sobre todo para los indígenas: desgraciadamente el gobierno del Departamento estaba interesado en sus abusos, que autorizaba el dictador”.[2]

Si Santa Anna firmaba y “regularizaba” la venta de mayas a Cuba, Juárez, desde su lucha frontal con los conservadores y los imperialistas, expidió un decreto el 6 de mayo de 1861 con el que prohibió la extracción de los mayas de Yucatán hacia la “perla de las Antillas”, la esclavista Cuba española. Las razones para ese decreto, es que la venta de mayas era asunto de escándalo internacional, y seguramente el gobierno juarista ya había tenido avisos de Inglaterra sobre ello, que pasó de ser un imperio esclavista a convertirse en un paladín de la abolición en el mundo.[3] Juárez envió a su plenipotenciario, el General Juan Suárez y Navarro, a indagar “la situación de Yucatán”. En el despacho de la Secretaría de Gobernación del 9 de marzo de 1861, a Suárez y Navarro se le instruyó indagar tres asuntos de importancia suprema: en primera, la escisión de la Península en dos estados, Campeche y Yucatán;[4] en segunda, las causas y carácter de los frecuentes cambios políticos ocurridos en la península durante el último periodo. Y tres, indagar “la venta de indígenas enviados como esclavos a la isla de Cuba”. El despacho de la Secretaría de Gobierno es clarísimo, pide veracidad y prontitud en el informe:

“S. E fía en que V. le hará conocer toda la Verdad; y que comprendiendo que en este asunto se trata de la integridad del territorio nacional, de la causa de la civilización y de la humanidad, y del buen nombre de la República, evacue el informe que se le pide a la mayor brevedad posible, y proponga todos los medios que el gobierno pueda adoptar para la unión del territorio yucateco, la restauración del orden constitucional en la península, y la cesación del inicuo tráfico de indios”.[5]

Comentando este decreto juarista de cesación del “inicuo tráfico de indios”, Romana Falcón señaló que Juárez solo enmarcaría jurídicamente algo que en la práctica ya se estaba dando: la escases de “brazos” para los trabajos en las fincas henequeneras, hacía gravoso la salida del estado de mayas yucatecos, pues se requería cada vez más de mano de obra para los henequenales. Sin embargo, Falcón ha señalado, que el tráfico de mayas a Cuba subsistió clandestinamente, y que en plena rebelión porfirista de Tuxtepec hay noticias de venta de indios yucatecos[6] (2002: 210). Juárez, por otro lado, no hizo gran cosa para combatir la rebelión al oriente de la península. Falcón es de la idea de que Juárez –contrario a Maximiliano, que sí envió un ejército de expedición y “pacificación”[7] a la costa oriental yucateca, y que dio como consecuencia la arremetida cruzoob a lo que quedaba de Tihosuco, destrozando su iglesia con obuses-[8], optó por el “divide y vencerás”: ratificó la división entre Campeche y Yucatán, y, además,  tanto Juárez como Lerdo, vieron cierta ventaja en la permanencia  de la resistencia de los de Santa Cruz, para contener los ímpetus separatistas de las élites regionales.[9]

            De la rebelión tuxtepecana a la dictadura porfiriana, la Guerra de Castas aún estaba pendiente, aunque si bien desde 1886 no se había vuelto a tener noticias de alguna incursión de los mayas de Santa Cruz a ningún punto de la “frontera” con los pueblos yucatecos, esto no significaba que la guerra había pasado a mejor vida. Díaz lo sabía de sobra, conocía la riqueza forestal que se encontraba en la costa oriental, y signado por el espíritu “progresista” y capitalista de su tiempo, realizó al fin el tratado de límites con Inglaterra conocido como Mariscal-St. John, reconociendo la regencia inglesa en Honduras Británica; este tratado fue fijado el 8 de julio de 1893, ratificado en 1897, y esto sería el preludio de un aislamiento bélico de Santa Cruz por parte de su antigua distribuidora de armas y pólvora, la pérfida Albión. Díaz, contrario a Juárez, le hizo, con todas las de la ley, la guerra a los mayas de Santa Cruz, pues la riqueza del territorio oriental era un bien preciado que ansiaban no sólo las élites yucatecas, sino los científicos que medraban bajo la sombra de la esfinge tuxtepecana. Esto se dejaba ver bien claro, en el “voto de gracia” que el cabildo de Mérida envió al presidente Díaz en 1900, una vez iniciado los trabajos de “pacificación”:

“Sr. Presidente de la República. Por un espacio de tiempo de media centuria el Estado de Yucatán había visto con pena que la porción más exuberante y ubérrima de su territorio estuviese ocupado por una agrupación de indígenas mayas que no sólo se mantenían sustraídos á la acción del Gobierno Mexicano, rigiéndose por leyes propias y autoridades especiales, sino que explotando libremente las riquezas de la zona territorio de que disponían, abundantísimo en plantas tintóreas y maderas preciosas de construcción, habían establecido con los vecinos de Belice un activo y provechoso comercio que les atraía con los elementos más necesarios para su vida propia, las facilidades de proporcionar los medios de defensa ó de agresión en caso de que la República de México quisiese llamarlos al obedicimiento de sus leyes”.[10]

El voto de gracia del cabildo meridano, señalaba que, afortunadamente, los tratados de límites entre Yucatán y Belice, “fue el elemento preliminar y la premisa más segura y favorable, para comenzar los trabajos de sumisión de aquellos indígenas rebeldes y de recuperación de esos terrenos”, la zona “más eximia de la Península de Yucatán”.

            Como hemos visto a grandes rasgos, las actitudes de los gobiernos mexicanos hacia la guerra, eran diversas, e iban desde los actos más drásticos para el sometimiento, como el poner a funcionar los mecanismos de la esclavitud, favorecer la guerra de “pacificación”, o bien, concederles tácitamente la autonomía necesaria a los mayas rebeldes para el control geopolítico de esta zona inclinada al separatismo.


[1] La idea de la venta de mayas a Cuba para terminar con la Guerra de Castas, data tempranamente de noviembre de 1848, por un decreto del gobernador de Yucatán, Manuel Barbachano, en donde se daba pábulo para la expulsión de Yucatán “de todo indio que sea hecho prisionero con las armas en la mano, o que habiendo tomado partido con los sublevados no se hubiese acogido en tiempo hábil a la gracia de los indultos publicados en su favor”.

[2] México a través de los siglos. Historia General y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México desde la antigüedad más remota hasta la época actual. Dirigida por Vicente Riva Palacio. Tomo VIII. Editorial Cumbre, S. A. México. D.F. Cuarta Reimpresión de la Vigésima Tercera Edición: MCMLXXXIX, p.

[3] Véase a Romana Falcón.  1996. Las rasgaduras de la descolonización. Españoles y mexicanos a media-dos del siglo XIX , México, El Colegio de México.

[4] Esta escisión ocurrió en 1858, como producto de las disputas políticas de las dos bandería principales de la época: los barbachanistas con sede en Mérida, y los Mendistas, en el puerto de Campeche.

[5] Informe sobre las causas y carácter de los frecuentes cambios políticos ocurridos en el estado de Yucatán y medios que el Gobierno de la Unión debe emplear para la Unión del Territorio yucateco, la restauración del orden constitucional en la península, y para la cesasión del tráfico de indios enviados como esclavos a la isla de Cuba. Escrito por orden superior de 9 de marzo por el General Juan Suárez y Navarro. Publicación oficial. México. Imprenta de Ignacio Cumplido; calle de los rebeldes núm. 2. 1861.

[6] Romana Falcón.  2002. México descalzo. Estrategias de sobrevivencia frente a la modernidad liberal. México, Plaza y Janés, p. 210.

[7]  Hay que apuntar, en este artículo, que el término “pacificación”, a lo largo del siglo XIX, en las muchas “guerras de castas” que el gobierno central desactivó, se convertiría en un eufemismo de la palabra genocidio.

[8] Gilberto Avilez Tax. “Aproximaciones a la historia de Tihosuco”. Revista Xenankó, No. 1, noviembre de 2016, pp. 41-49.

[9] Romana Falcón.  2002. México descalzo. Estrategias de sobrevivencia frente a la modernidad liberal. México, Plaza y Janés, pp. 214-215.

[10] CAIHY. Voto de gracias del Cabildo de Mérida al presidente Porfirio Díaz, por su trabajo y apoyo en contra de los indígenas mayas sublevados] [manuscritos]. Mérida. 8 de mayo de 1900.

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