Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Los organismos electorales vivieron una crisis que representó dejar de percibir casi tres mil millones de pesos en pleno proceso electoral; excepto en el Estado de México y Veracruz, obligó a cancelar proyectos, no pagar nóminas y rentas, y a proveedores, incluso en el caso de Quintana Roo.
Paradójicamente, la crisis económica fue el tema ausente en las elecciones de junio pasado porque México navega tiempos políticos diferentes, en contra de la tendencia regional debido a que se han tomado las riendas de una narrativa que asegura que la crisis es global, y nada tiene que ver con el país.
“El hecho de que la crisis económica por la pandemia haya sido global dio la posibilidad de meter bajo el tapete global los problemas domésticos”, dice Francisco Javier Varela Sandoval, director de Instituciones y Gobernanza en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Debido a los recortes en sus presupuestos, seis presidentes de igual número de institutos electorales estatales que acaban de asumir, recibieron los organismos endeudados con proveedores, no han pagado servicios o están al límite de sus recursos, y está en riesgo el gasto corriente.
Los llamados Organismos Públicos Locales (Oples) de los estados de Oaxaca, Sonora, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Zacatecas son los seis que presentan una situación de riesgo grave o moderada, de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional Electoral (INE).
Otros nueve organismos, que no renovaron a su titular en este año, se encuentran en la misma situación: se trata de los estados de Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala.
“Algunos tuvieron que adelantar recursos que tenían destinados para el último trimestre del año, no les aprobaron ampliaciones. En algunos casos se habla de que en octubre, noviembre o diciembre batallarían para el gasto corriente; tienen retos serios”, dijo José Martín Fernando Faz Mora, consejero del INE.
En Sonora —señalado en color rojo— aún tenían deudas de la elección de junio por 74 millones de pesos; en Colima, las ministraciones de 8.5 millones de pesos mensuales no se han entregado puntualmente, y en Chihuahua el gobierno anterior quedó a deber 80 millones de pesos al Instituto local.
La Ciudad de México deberá negociar con el gobierno una entrega adicional de 80 millones de pesos, tras un recorte por más de 580; en Zacatecas —en riesgo moderado— adeudan al INE 8.7 millones, y en Oaxaca están pendientes de recibir 16 millones para finiquitar compromisos de la elección pasada.
