Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este domingo a la Fiscalía General de la República (FGR) informar el número de carpetas de investigación que se han abierto y cuántas denuncias han sido presentadas contra los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el organismo, la FGR debe dar a conocer esta información comprendida en el periodo que va del 1 de diciembre del 2000 hasta el primero de abril de 2022.
Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, expuso que la Fiscalía General de la República le respondió a un solicitante que no podía entregarle la información porque estaba clasificada y por “velar por el buen nombre, el derecho al honor y a la presunción de inocencia de los posibles involucrados en esta solicitud”.
Inconforme con la respuesta, la persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad con la respuesta de la FGR.
“En este caso están pidiendo posibles denuncias y expedientes o carpetas abiertas por hechos relacionados con su mandato, con el ejercicio de sus potestades”, argumentó el comisionado Francisco Acuña Llamas.
Acuña Llamas advirtió que la clasificación de la información como confidencial o reservada no pueden constituir una regla absoluta, pues existen casos en los cuales la difusión genera mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación.
Por ello, deben estudiarse las posibles excepciones a la regla general, privilegiando la transparencia y el derecho de acceso a la información, abundó el comisionado.
El INAI agregó en un comunicado que la información solicitada contribuye a que los gobernados tengan pleno conocimiento respecto de las investigaciones que se siguen contra ex servidores públicos y el actual presidente.
“Asimismo, permitiría a la sociedad conocer y dar seguimiento a las acciones que la autoridad ministerial o judicial decidió”, agregó el organismo.
Con información de LatinUS