Por: Jorge Manriquez Centeno y Manuel Enríquez
México no ha arribado a una democracia consolidada. Tenemos una democracia procedimental que pende en el vaivén de la desconfianza.
Envuelto el país en el remolino de esa circunstancia, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (en lo sucesivo AMLO) para reformar el sistema electoral ha despertado la ira en muchos sectores de la sociedad.
El presidente ha subrayado que, con su iniciativa en la materia, pretende el empoderamiento ciudadano y desterrar fraudes electorales.
Así, la reforma electoral de AMLO plantea como uno de sus ejes refundar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante la elección de sus integrantes a través del voto ciudadano directo y la centralización administrativa y jurisdiccional de las tareas electorales, con la consecuente eliminación de los OPLES y tribunales locales.
AMLO y el movimiento que encabeza, consideran que es una necesidad histórica transformar radicalmente las instituciones, reglas, procedimientos y prácticas que le dan forma al sistema electoral. En contraste, sus opositores, aluden que dichos órganos están consolidados, y que prueba de ello es su arribo al poder.
45 años hay de distancia de 1977, año en que inició la transición a nuestra democracia, y aún la desconfianza ronda las elecciones. Tenemos pendientes que urgentemente debemos de atender y que tienen que ver con hechos y circunstancias que las circunscriben, como la compra y coacción del voto, el uso de recursos públicos para promover a funcionarios y, más grave aún, la canalización de dinero del narcotráfico para forjar candidatos “exitosos”, entre otros temas.
La piedra angular para enfrentar todos esos vicios electorales heredados del pasado, sostienen los que apoyan la iniciativa de AMLO, sería justamente un INE renovado con ciudadanos de “inobjetable trayectoria que garantice la imparcialidad en su actuación”. De ahí la importancia de que se apruebe su propuesta de elegirlos mediante el voto directo de los ciudadanos.
Es un círculo de muchos matices y narrativas. Por ello, el sistema electoral debe ser revisado a fondo, pero con una visión integral.
Dicha visión debe de ir más allá de la organización de las elecciones. Así, las reglas y condiciones que rodean los comicios deben ser completamente transformadas. Hoy en día son ya insuficientes e imprecisas y deben encaminarse a desterrar los fraudes electorales que, se insiste, están más allá de la logística de los comicios.
Al respecto, deben fortalecerse los mecanismos de auditoría y rendición de cuenta de los recursos públicos, que hoy en día apuntalan el abierto proselitismo electoral de funcionarios de primer nivel. Debe de frenarse la compra y coacción del voto. Es fundamental establecer estrategias para transparentar los recursos que se destinan a redes sociales para proyectar a actores políticos o denostar a adversarios.
La reforma electoral debe encaminarse a desterrar prácticas fraudulentas que se cometen antes, durante y después de las elecciones.
Cierto, las casillas se blindan con ciudadanos que son insaculados y capacitados para conformarlas. Hay observadores electorales. El PREP tiene reconocimiento a nivel internacional. Existen medidas de seguridad en las boletas, etc., pero el fraude electoral tiene otros ropajes y se materializa en la compra y coacción del voto o en el uso proselitista de los programas públicos. Las fiscalías especializadas para la atención de los delitos electorales federal y locales, a menudo, son utilizadas políticamente. Los procedimientos especiales sancionadores, con frecuencia, adolecen de la debida oportunidad para frenar actitudes que atentan contra la equidad de la contienda. Todavía hoy en día, se están resolviendo asuntos de las elecciones locales del 2022, cuya jornada electoral fue el 5 de junio de este año. ¿De que sirven esas resoluciones de las instancias jurisdiccionales?
En ese sentido, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, el marco jurídico y procedimental de las instituciones electorales y las que atienden asuntos en esta materia deben ser revisados, evaluados y, en su caso, modificados. Se reitera que deben analizarse a fondo las instancias y reglas de instituciones que tienen que ver con lo electoral como las citadas fiscalías especializadas para la atención de los delitos electorales o las reglas de operación de los programas de desarrollo social y mecanismos de sanción para todos aquellos servidores públicos que los utilicen para proyectar su imagen.
En esta revisión a fondo de todo el sistema electoral y sus instituciones, así como de las instancias que tienen incidencia en la materia, por supuesto que deberá analizarse integralmente el presupuesto asignado al INE y al TEPJF, en relación con las funciones y actividades encomendadas, que, a dicho de Morena y sus aliados, es oneroso y con prebendas exorbitantes para las consejerías y magistraturas que encabezan, respectivamente, a tales instituciones.
Derivado de ese estudio integral, claro que el “El INE sí se toca”, pero con esta visión. Hacerlo sin un diagnóstico y análisis a fondo sería un retroceso histórico.
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene ahora la responsabilidad histórica de impulsar una reforma electoral que avance en el camino hacia la democracia.
De asumir el presidente, o cualquier otro sector de la vida política de México, la actitud de “Laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar), tendría como consecuencia frenar el avance democrático de nuestro país.
De modo que AMLO se enfrenta al reto de impulsar una reforma electoral, ya sea mediante la imposición o mediante el consenso.
Ante ésta compleja disyuntiva en la que se encuentra el país, la opción no es, de ninguna manera, no hacer nada. No es dejar las cosas como están.
En efecto, las diversas fuerzas políticas, por muy polarizadas que estén, tienen la responsabilidad de buscar caminos y propuestas de consenso, de equilibrio, con tolerancia a la diversidad de las ideas y con disposición política para flexibilizar las posiciones contrapuestas.
La intransigencia del todo o nada, pone en riesgo al país en cuanto a no avanzar en materia electoral.
La iniciativa de reforma electoral de AMLO está en la cancha del legislativo y se funda en la sospecha de que aún se cometen fraudes electorales; de que las máximas instancias de los órganos electorales del país no tienen confiabilidad; en la desconfianza por la falta de transparencia en el uso de los recursos en materia electoral y austeridad de los mismos; así como en la crisis de representación de los partidos políticos y de los integrantes del poder legislativo.
Hacia una propuesta electoral de gran calado
La reforma electoral que propone AMLO, de aprobarse, podría describirse, en primer lugar, como una iniciativa que impondría un nuevo modelo electoral; en razón de lo siguiente:
1• Porque propone la remoción de todos los integrantes de las instituciones electorales.
2• Porque propone la votación directa de los ciudadanos para elegir a los integrantes de las instituciones electorales.
3• Porque pretende fortalecer las consultas ciudadanas en un marco legal por discutirse.
4• Porque propone replantear la democracia representativa, disminuyendo sustancialmente la cantidad de diputados federales al eliminar a los de “mayoría”.
5• Porque propone la centralización al desaparecer los organismos electorales locales en el país.
6• Porque plantea el abaratamiento de las elecciones mediante la eliminación del presupuesto ordinario que se destina a los partidos políticos, y la reducción sustancial del financiamiento al INE y al TEPJF.
Como se denota AMLO pretende realizar una reforma de gran calado. El problema es que no cuenta con diagnósticos, una agenda ciudadana, ni con el respaldo de un grupo de trabajo multidisciplinario, seleccionado por consenso.
Ese es el problema. Grave problema.
¿Cómo arribamos a la democracia procedimental con la que contamos?
El proceso de transición democrática que vive el país inicio en 1977, fecha de la reforma política. Posteriormente se aprobaron otras reformas importantes como las de 1986, 1989-1990, la de 1993, la de 1994 y la de 1996, así como las del 2007 y del 2014. En su conjunto, se podrían resumir de la siguiente forma:
Se trata de reformas que han hecho transitar a México de un régimen unipartidista, autoritario y dictatorial (recordemos la categorización de “dictadura perfecta” que acuñó el propio Mario Vargas Llosa al referirse al régimen de gobierno mexicano) evidenciado por el movimiento estudiantil del 68, a un régimen de instituciones simuladamente “representativas”, pasando por el régimen de democracia fraudulenta, a un régimen de democracia procedimental.
El camino de la democracia procedimental ha sido largo y sinuoso. De hecho, comenzó tarde (a finales de los 70), y a “cuentagotas” y como consecuencia de la convulsión social del 68 que terminó en masacre al igual que la represión de 1971. Lucha social que dejó al descubierto el predominio en aquel entonces de un régimen autoritario, unipartidista y represor.
Las reformas electorales sucesivas a 1977, han estado también enmarcadas o han resultado como reacción del Estado ante la inconformidad social y política, ante movimientos de protestas que han derivado, en diversos momentos, en convulsiones civiles de descontento o incluso de violencia o insurrección.
Por ejemplo, hubo varias reformas como consecuencia de la creciente inconformidad por el sistema de partido hegemónico que no representaba a la pluralidad del país.
Las reformas a las leyes electorales en México se han aprobado en el marco de la inconformidad política en las mismas cúpulas del poder cómo la que inició el resquebrajamiento del PRI al formarse la Corriente Democrática que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas y que culminó con su salida de ese partido político para enfrentar al sistema de partido casi único mediante el Frente Democrático Nacional (FDN) que lo llevó a competir por la presidencia de la República en 1988, cuya elección quedó manchada por la “caída del sistema”.
Se siguió reformando el sistema electoral mexicano, justamente por situaciones presuntamente fraudulentas y en el marco de severas crisis económicas, como la de 1994, y de crisis política por el surgimiento del movimiento zapatista (EZLN), así como por el asesinato del candidato presidencial priísta, Luis Donaldo Colosio, en plena campaña por la presidencia de la República.
Persistencia de la sombra del fraude
En las elecciones presidenciales de 2006, hubo persistentes denuncias de fraude electoral, en la que resultó ganador el candidato panista Felipe Calderón Hinojosa. En ese contexto, AMLO y sus seguidores acusaron a las autoridades electorales de ser parciales y de no frenar las campañas mediáticas de “un peligro para México”, documentaron la participación del presidente Vicente Fox y funcionarios de primer nivel y gobernadores en favor del candidato panista, entre otros.
Este panorama enrarecido se mantuvo hasta las elecciones 2012, donde resultó ganador Peña Nieto.
¿Cuál es el camino a seguir frente a la actual polarización?
¿Es necesaria una reforma electoral?
¿Hay un camino alterno, intermedio, para discutir y avanzar en la consolidación de nuestra democracia procedimental?
Estas son algunas cuestiones que debemos plantearnos en el álgido escenario en que nos encontramos.
Nuestra respuesta es que claro que es necesario realizar una reforma electoral para hacer más entendible, congruente y eficaz ese “Frankenstein electoral , que hemos creado, aprovechando la coyuntura histórica en que nos encontramos.
El fraude electoral está presente en la compra y coacción del voto; en el uso político de la FEPADE y fiscalías locales; en el fenómeno del “turismo electoral”; en la presencia del crimen organizado en amplias regiones del país que determina elecciones con su caudal de recursos, que escapa a los radares de la fiscalización; en la persistencia de las “campañas negras”, a las cuales se les inyectan cuantiosas sumas de dinero; en el uso de recursos públicos provenientes del erario de los tres órdenes de gobierno, que sirven para promover veladamente campañas proselitistas, etc. En estos temas sí es necesaria y urgente una reforma electoral, reafirmando que AMLO y sus seguidores, padecieron muchos de los males que aquí se mencionan.
El presidente quiere pasar a la historia como propulsor de la transformación de nuestro país. Tomémosle la palabra. Aprovechemos el momento histórico que estamos viviendo. Es fundamental entrar en serio al análisis de cómo frenar ese continuo “darle la vuelta” por parte de políticos para evadir restricciones y reglas. Hay que buscar una forma de ciudadanizar ese Frankenstein electoral, inexplicable para la mayoría de los mexicanos.
Debemos evitar la polarización y la intolerancia en los trabajos de discusión de la reforma electoral. Ir por un camino alterno.
Debemos exigir a la JUCOPO y a las comisiones legislativas respectivas, que reconsideren el camino trazado para conformar, vía el consenso, un comité técnico multidisciplinario, responsable de la elaboración de la agenda de trabajo, en donde se posibilite un debate nacional sobre aspectos específicos en la materia. Debe abrirse un debate nacional. El actual trabajo legislativo es una simulación. Es una “discusión” entre pares, que presupone acuerdos debajo de la mesa entre las cupulas partidistas.
Dicho comité analizaría integralmente las 107 iniciativas presentadas, los documentos e investigaciones que se han realizado, así como las propuestas vertidas en los parlamentos “abierto”, “alterno” y las que se han derivado de los diversos eventos realizados por organizaciones de la sociedad civil.
Este comité sería el encargado de trabajar el proyecto de dictamen, para el posterior estudio de las comisiones legislativas involucradas.
La coyuntura histórica en que nos encontramos es inigualable: la aprobación presidencial, desde la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, a la fecha, se mantiene en un nivel altísimo.
Por eso, si el presidente quiere pasar a la historia como propulsor de la transformación de nuestro país, desde el poder, y como un acto de congruencia, tiene el compromiso histórico de impulsar una reforma del estado, y, en particular, en el ámbito electoral, pero con apego a una agenda ciudadana.
Los contextos políticos polarizados, plagados de diatribas y descalificaciones no son recomendables para discutir temas de interés nacional, mucho menos para emprender un trabajo de reforma electoral de gran calado.
Pero los ánimos están caldeados y los actores políticos tratan de imponer su visión y perspectivas.
Parte de esas voces y posturas estarán presentes este domingo 13 de noviembre de 2022, en la marcha ciudadana convocada para defender al INE.
Ahí, se hará sentir el descontento de un importante sector de la sociedad mexicana, mediante la voz de una figura emblemática de la transición a la democracia, como lo es José Woldenberg, quien encabezó el Instituto Federal Electoral, en los años convulsos de la década de los noventa.
Woldenberg constituye, quiérase o no, una voz fuerte, sobre todo en materia electoral. .
AMLO tiene una cita con la historia.
El tiempo, glorioso tiempo, nos dirá su veredicto.
- Jorge Manriquez Centeno, especialista en materia político-electoral, derechos humanos y derecho parlamentario. Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, abogado, con estudios de posgrado en políticas públicas, derechos humanos por la FLACSO y doctorado en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México. Exconsejero presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo (2009 a 2015) y ex director de Partidos Políticos del mismo Instituto (2003 a abril de 2009).
** Manuel Enríquez, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ex corresponsal periodista de La Jornada en tres Estados de la República, Diplomado en Opinión Pública por la UIA-Cdmx, Master en Historia del Arte por el Instituto Realia de Xalapa, Veracruz, ex coordinador general de e-Consulta Veracruz y periodista Independiente.
