Por Guadalupe Villarreal/ NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Alrededor de unas 80 personas que fueron víctimas del desalojo ilegal por parte de funcionarios públicos del Ayuntamiento de Benito Juárez, salieron a marchar para exigir que se les devuelva su patrimonio.
Esta red conformada por funcionarios públicos que despojaba de sus viviendas de interés social a ciudadanos de Cancún, mantenía un modus operandi mediante procedimientos irregulares que fue dado a conocer por la alcaldesa Mara Lezama, el pasado jueves 3 de marzo.
Esta situación provocó que familias que se encontraban con la misma problemática se unieran con distintos comités vecinales para exigir que se les devuelva su hogar.
El abogado Oshniel Peña Altazur, en representación de los desalojados, comentó que los principales desalojos corresponden a los ciudadanos que habitaban en Haciendas Real del Caribe, Fraccionamiento Los Ángeles, Los Héroes, La Guadalupana, Paseos Kabah, Costa Azul, Calakmul, Villas del Mar, Real Las Quintas, Villas Otoch y Villas Otoch Paraíso.
Siendo más de 100 casos de despojo ilegal mediante torcer la ley, engaños, falsedades, amenazas así como de casos donde se inventaron adeudos, duplicado de escrituras y simulación de actos jurídicos.
“Mi casa es de un crédito que pedí a Su Casita de 321 mil pesos y cuando me desalojaron me dijeron que debía 700 mil pesos, si nunca dejé de pagar” resaltaba uno de los inconformes.
Cabe destacar que, la alcaldesa Mara Lezama dio a conocer en el mismo comunicado que los funcionarios involucrados en despojar a centenares de ciudadanos de sus viviendas ya fueron dados de baja sin revelar nombres, esta situación también ya se mantiene turnada por la Fiscalía General del Estado.
En la que argumentan que también sigue siendo parte de la misma corrupción ya que solo les dan largas.
Finalmente, la Contraloría del Ayuntamiento detectó que los responsables de estos despojos eran por órdenes que se manejaban en la Dirección de Ingresos Coordinados.
Y en el que también salió a relucir que, Jeannina Galindo Medrano, directora de ingresos y cuñada del exgobernador Roberto Borge, junto con Fernando Mendoza Martínez, jurídico de la dirección de ingresos, son señalados como operadores de este esquema que beneficiaba directamente a dos empresas: proyectos Adamantine y patrimonio Tertius, esta última siendo la principal responsable ya que compraban las casas que remataba el ayuntamiento, y mantenía la administración total de la cartera vencida de lo que fue Hipotecaria Su Casita, comentaron.
