Por: Francisco J. Rosado May
fjrmay@hotmail.com
En medio del fragor de las batallas electorales pasó desapercibida una nota en La Jornada Maya del 19 de mayo pasado. Astrid Sánchez, inicia con el párrafo: “Con una puntuación de 0.36 en una escala de 0 a 1, Quintana Roo permanece en los últimos lugares dentro del Índice de Estado de Derecho en México que reporta la organización internacional World Justice Project (WJP)”. Este dato fue obtenido en el reporte 2021-2022 de dicha organización (https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2022/05/1_WJP_IEDMX_Digital.pdf).
Hoy, con la tranquilidad de los resultados de la jornada del 5 de junio, es necesario retomar la esencia de la nota, porque tiene enorme importancia en el diseño de política pública del nuevo gobierno del estado.
La nota mencionada tiene relación con otra nota publicada en Excélsior el 13 de agosto de 1972 que es una entrevista al doctor Eduardo García Maynez, Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1976, y recipiente de la Medalla Belisario Domínguez en 1987, sobre la desconfianza en la aplicación del derecho.
La puntuación que señala el WJP es el resultado de la combinación de ocho factores relacionados con el Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal. En Q. Roo el factor peor evaluado, es el de orden y seguridad. ¿Alguien se sorprende?
Los datos permiten establecer la hipótesis de que la falta de orden y seguridad, es decir la alta inseguridad pública, es el resultado de permitir actos de corrupción y la protección a responsables de actos ilícitos o violaciones a derechos humanos. La impunidad se permite en forma voluntaria o no; por omisión o por comisión, la autoridad responsable de un hecho ilegal debe actuar, no encubrir. Y esos malos ejemplos se encuentran en casi cada rincón de la administración pública.
En mayo 2022 el INEGI publicó que el 86.3% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en el gobierno. A nivel nacional se estimó que los costos de incurrir en corrupción se traducen en 3,044 pesos promedio por persona al año.
En diciembre 2021 INEGI publicó que, en 2019, 15.7% de personas adultas y el 5.1% de empresas en contacto con servidores públicos, fueron víctimas de corrupción.
La organización Impunidad Cero (https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/) reporte que de cada 100 delitos que se cometen en México solo se denuncia el 6.4%; y de cada 100 delitos que se denuncian solo 14 se resuelven. Es decir, que en México la probabilidad de que un delito se resuelva es de 0.9%. Quintana Roo no está lejos de estos datos.
En su comunicado de prensa 532/21, septiembre 2021, INEGI señala que en el 93.3 % de los delitos no hubo denuncia o la autoridad no inició una carpeta de investigación.
Hay casos documentados de denuncias en la FGE y en la CDHEQROO que no se han atendido o se ha encubierto a los responsables. Si hace falta señalar casos concretos basta con que cada lector/a vea a su alrededor; serán frecuentes los casos de toparse con alguna autoridad corrupta o que solapa actos de corrupción.
El resultado de la elección obliga a pensar que la esperanza en la transformación incluya la recuperación en la confianza en el estado de derecho. Y sea un tema fundamental en la nueva administración. Ojalá que en la entrega-recepción, a diferencia de otros sexenios, también se detecten a los servidores públicos corruptos por acción o encubrimiento.
Y que no ocupen cargos de responsabilidad pública, al menos, si no es que se les castigue con todo el peso de la ley.
Sin comentarios.
Es cuanto.
