Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
NUEVA YORK.- Estados Unidos se hunde en la pandemia con más de 100 mil personas hospitalizadas por COVID-19 –algo sin precedente– mientras su clase política sigue sin tomar mayores medidas urgentes, con el presidente rehusando reconocer el tamaño de la crisis y el mandatario electo prometiendo acción pero hasta que llegue a la Casa Blanca el 20 de enero.
El número de pacientes con COVID-19 en hospitales estadounidenses ha superado 100 mil personas por primera vez, casi el doble del peor momento en la primavera; hay un millón de nuevos casos cada semana y el número de muertos ha superado 270 mil; todo, mientras el Centro de Control de Enfermedades, agencia federal encargada de monitoreo y respuesta a epidemias, advierte que este invierno será “el tiempo más difícil” en la historia de la salud pública en este país.
Pero por ahora la Casa Blanca continúa optando por ignorar las dimensiones de la crisis que, bajo mando de Donald Trump, son las peores en el mundo, con el presidente y sus aliados enfocados exclusivamente en alimentar dudas sobre los comicios, al continuar con las acusaciones de fraude masivo y maniobras para intentar subvertir el proceso electoral.
Trump difundió ayer un discurso de 46 minutos –según él, tal vez el más importante de su presidencia– en el cual repite sus acusaciones de que su derrota fue resultado de un fraude masivo, corrupción y conspiraciones, y sugirió revertir los resultados. Todo esto, a pesar de que su procurador general y su Departamento de Justicia, gobiernos estatales, incluidos varios republicanos, y el rechazo de más de 30 demandas legales por jueces, han determinado que no existe evidencia de un fraude ni de irregularidades que pudieran cambiar el resultado.
A la vez, continuó el extraordinario enfrentamiento entre servidores públicos republicanos estatales en Georgia y el presidente, después de que un funcionario electoral en ese estado ofreció una rueda de prensa inusualmente apasionada criticando al presidente por animar amenazas de violencia y hasta de muerte al repetir que hubo fraude e incitando una respuesta de sus bases. El jefe de ese funcionario y secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, también republicano, respaldó lo dicho por su subalterno y sostuvo que “era hora de hablar la verdad”. Trump ya había llamado a Raffensperger “enemigo del pueblo” por no intentar anular la elección como deseaba el presidente.
Raffensperger lamentó que poco después de que su subordinado solicitó al presidente frenar la retórica violenta, Trump tuiteó la noche del martes: “revelen el fraude masivo del voto en Georgia”, y comentó que “ese es justo el lenguaje que está al fondo del ambiente creciente de amenazas a empleados electorales, quienes sencillamente están cumpliendo con su trabajo”.
Por segundo día, el ex funcionario federal de seguridad electoral, Christopher Krebs, otro republicano, cesado por Trump por declarar que la elección fue “segura”, denunció que cada vez hay más amenazas de muerte contra trabajadores electorales, en un programa del Washington Post. Con esas amenazas, afirmó, “activamente estamos minando la democracia”.
La transición
Biden asistió ayer a una mesa redonda con representantes de pequeñas empresas y trabajadores al mantener su enfoque sobre la economía y la pandemia; entre los participantes había latinos e inmigrantes impactados por la pandemia. Instó al Congreso a promulgar otro paquete masivo de asistencia y estímulo económico aun antes de que asuma la presidencia para enfrentar lo antes posible las consecuencias cada vez más severas de estas crisis.
Aunque la pandemia y la economía serán los temas más urgentes, hay varios más que estarán sobre su escritorio al llegar a la Casa Blanca, como algunos aspectos de la política migratoria. Biden ya ha prometido que anulará o revertirá muchas de las más de 400 órdenes ejecutivas y otras acciones administrativas antimigrantes de Trump.
Declaró que en su primer día rescatará la protección de deportación de indocumentados que llegaron siendo menores de edad, conocidos como dreamers, y que en sus primeros días aplicaría medidas de protección temporal para migrantes de varios países y reactivará las medidas para otorgar asilo a refugiados y con ello poner fin al llamado “Permanece en México”, que ha dejado varados a más de 60 mil solicitantes de varios países en el vecino del sur. También prometió que en sus primeros 100 días formulará una reforma para ofrecer una ruta a la ciudadanía a millones de indocumentados en el país.
Sin embargo, sus propuestas para enfrentar la pandemia, la crisis económica que ha detonado el manejo irresponsable del COVID-19, y las que afectarán a millones de migrantes dependerán en gran medida de la movilización de diversos sectores y agrupaciones para presionar al nuevo gobierno, así como sobre cuál de los dos partidos controla el Senado, lo cual se determinará en una elección de segunda vuelta para dos escaños en Georgia el 5 de enero.
Mientras, el martes se reveló que existe una investigación federal sobre un posible intento de pago de sobornos a cambio de un indulto presidencial. Sólo se sabe que un individuo supuestamente ofreció “una contribución política sustancial a cambio de un indulto presidencial” o una condena reducida, y que dos individuos actuaron como cabilderos para negociar el indulto, según un documento registrado ante un tribunal en Washington que fue parcialmente divulgado. Trump respondió que es fake news.
Con información de La Jornada