Por Martín G. Iglesias
Desde hace tres años (5 de marzo 2021), el Gobierno Federal junto con el Instituto Nacional Electoral (INE), lanzaron la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, con la finalidad de frenar a grupos criminales que buscan fortalecer su influencia política mediante la cooptación de aspirantes a cargos de elección popular.
De manera lamentable, desde el inicio de este proceso electoral, en septiembre pasado, el número de muertos suma ya 25 aspirantes a un cargo de elección popular, así que la atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, quedó solo en buenos deseos por parte de las autoridades.
Hoy, para 25 víctimas en el país, no pudieron detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del partido del crimen y la delincuencia que asesina, extorsiona, coopta y secuestra a aspirantes, candidatos y servidores públicos, sobre todo del ámbito municipal; porque 25 familias están de luto.
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Las y los candidatos asesinados son Jaime Damaso Solís, aspirante a alcalde de Zitlala en Guerrero; Miguel Ángel Cruz Robles, quien buscaba la candidatura a la Presidencia municipal de Villa del Carbón en el Estado de México, por Morena; Wilman Monje Morales, exalcalde del municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz, y aspirante a la diputación local por MC; Alejandro Lanuza Hernández, regidor panista de Salvatierra, quien buscaba ser candidato a la Presidencia municipal; Javier Torres Barrera, excandidato del PAN a la alcaldía de Chiautla de Tapia en Puebla y buscaba la presidencia municipal; Dagoberto García, aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Maravatío Rivera por Morena; Ricardo Taja Ramírez, precandidato a la alcaldía de Acapulco, Guerrero por Morena; todos ellos asesinados en diciembre de 2023.
En este 2024, en enero fueron asesinados, Giovanni Lezama Barrera, secretario general del PAN en Morelos, estaba perfilado para contender por una diputación federal; David Rey González Moreno, aspirante a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, por el Frente Amplio por México; Sergio Hueso, aspirante a la candidatura de MC a la alcaldía de Armería, Colima; Miriam Nohemí Ríos Ríos, dirigente de MC en el municipio de Jacona, Michoacán; Marcelino Ruíz Esteban, perredista exalcalde de Atlixtac, Guerrero aspiraba a ser el candidato del PRD a la alcaldía de Atlixtac. En el mismo ataque fue asesinada su esposa Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del sol azteca; Alejandro Naredo García, El dirigente del PRD en el municipio veracruzano de Cuitláhuac, fue asesinado a tiros en la calle.
En febrero los muertos son: Jaime Vera, precandidato del PVEM a la alcaldía de Mascota, Jalisco, fue asesinado en el municipio de Zapopan; Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, Zacatecas, era cuñado del senador Ricardo Monreal; el coordinador de MC en Guerrero, Julián López Galeana, fue privado de su libertad en la autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, Guerrero, junto con otros dos miembros del partido. Lo golpearon y después fue liberado. Señalan “equivocación” de los agresores.
El sábado 10 de marzo, Yair Martín Romero Segura, precandidato a diputación federal por Morena, en presunto ataque armado fue asesinado junto a su hermano en Ecatepec; el lunes 26 y martes 27, la delincuencia se desató en Maravatío, municipio michoanano, donde con algunas horas de diferencia fueron asesinados a balazos los precandidatos de Morena, Miguel Ángel Zavala, y el panista Armando Pérez Luna.
En lo que va de marzo, el aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac, en la Costa Grande, Alfredo González Díaz, fue asesinado a balazos; el lunes 4, de al menos siete balazos asesinaron al aspirante a candidato del PRI y líder ganadero Policarpio Ramírez Coria, cuando salía de un restaurante en la calle Felipe Ángeles de Ciudad Cardel, en el municipio de La Antigua. La última, es Karla Citlalli Herrera González, quien fue asesinada a balazos, era lideresa del Partido Encuentro Solidario (PES) en Ario de Rosales, Michoacán. Ahí se las dejo…
SASCAB
Lamentable lo sucedido en Playa del Carmen en la marcha del 8M, que fue convocada en redes sociales por “Somos Unidas”, asociación civil que dirige Tania Ramírez.
Todo iba bien hasta ahí. Alrededor de las 8:30 pm ya estaba instalada una barrera de vallas con mujeres policías que custodiaban el Ayuntamiento. Alguien gritó: “nos está grabando la policía, bloque negro preséntense y protéjanos a todas”; eso fue como una palabra clave, para que empezaran a reunirse algunas con el rostro descubierto y otras encapuchadas para que no las identificaran.
Toda una estrategia bien armada, bien planeada, algo así como los que usan grupos paramilitares debidamente entrenados. Esto hace pensar que el objetivo era el vandalismo. Se logró identificar que varias de estas mujeres son extranjeras y trabajadoras de un parque temático, que al parecer las obligaron a participar a cambio de facilidades por el tema de Migración.
El propósito de la marcha 8M se desvirtuó de su verdadera esencia, Playa del Carmen no había vivido este grado de violencia, si acaso muchas pintas, pero nunca un intento de quemar el palacio municipal. Además de agredir a compañeras de los medios que cubrían el evento. Al tiempo…
