Francisco J. Rosado May
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En medio del fragor de las batallas por la gubernatura y las diputaciones locales, está una situación que hay que hacer visible y que ojalá esté en el radar de los tomadores de decisiones, tanto del gobierno actual como del equipo de cada uno de los candidatos y candidatas.
Las elecciones están programadas para el 5 de junio 2022, justo cuando las instituciones educativas están planeando el egreso de sus estudiantes. Para cuando se lleven a cabo las ceremonias de graduación, ya habrá ganador o ganadora en cada uno de los cargos de elección popular. Cientos de estudiantes con nivel técnico medio, técnico superior, licenciaturas, ingenierías, y posgrados, titulados o no, estarán en condiciones de ingresar al mercado laboral.
El mercado laboral representa un cambio cualitativo y cuantitativo brutal en la zona de confort que la mayoría de los estudiantes construyó en su institución. El mercado laboral transformará sustancialmente esa zona de confort. Siempre lo ha hecho, los nuevos profesionistas se han tenido que adaptar, la mayoría lo ha hecho bastante bien.
Pero los egresados de 2022 lo hacen bajo condiciones inéditas. Por un lado, tenemos una economía cuyo crecimiento proyectado por varios especialistas está en alrededor del 2% del PIB. Por otro lado, tenemos actualmente una inflación rondando el 7%. Por si fuera poco, la carestía ha conducido al gobierno a detonar políticas públicas como el subsidio al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) de las gasolinas, lo que significa reducción en el ingreso hacendario, y a emitir un plan de control de precios de la canasta básica como parte de la estrategia del control de la inflación. Ambas medidas pensadas en apoyo a la población. Para complicar el escenario anterior, la economía en los Estados Unidos tampoco pinta bien; la inflación ha llegado hasta el 8.5% y su PIB tampoco parece recuperarse al ritmo esperado.
Y no olvidemos que los egresados en 2022 han tenido 2 años de educación en condiciones muy, pero muy difíciles, por el Covid19.
Entonces, por un lado, la economía necesita recuperarse y crecer. Por otro lado, tendremos profesionistas probablemente con deficiencias en su formación. Y además la oferta laboral convencional, trabajando para el gobierno, seguramente o no existirá o será bastante limitada. ¿Qué hacer?
Propuestas.
Por un lado, el gobierno podría crear un programa con la iniciativa privada dirigida a la capacitación de los futuros empleados de las empresas o del gobierno (aunque muy posiblemente el gobierno no amplíe su oferta laboral). Esto se puede lograr con el apoyo de las instituciones de educación superior. La capacitación puede reducir las deficiencias en su formación debido a la dificultad creada por la pandemia.
Por otro lado, el gobierno puede fomentar política pública dirigida al autoempleo. Para esto puede crear alianzas con organismos financiadores de proyectos, aplicados a la ciudad y al campo, con mezcla de recursos, bajo un plan bien diseñado, teniendo como base el concepto de crecimiento económico con sostenibilidad.
Adicionalmente, la política pública debe actualizar sus políticas para fomentar vigorosamente la creación de empresas y negocios. También contemplar atender mejor la productividad del campo para garantizar la producción y distribución de alimentos nutritivos. Por ejemplo, las escuelas que ofrecen alimentos pueden hacerlo con base en la producción local, pero en forma sana. Alimentación sana, implica cuerpo sano, implica menor gasto en medicinas y hospitalización.
Alternativas hay, pero se necesita construir políticas públicas adecuadas, conducidas por personas con formación y experiencia que eleven su probabilidad de éxito.
¿Habrá voluntad? Ojalá que si. Sin ella estaremos condenando no solo el futuro de los cientos de nuevos profesionistas sino también el desarrollo del estado.
Es cuanto.
