Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El presidente estatal del PRD, Leobardo Rojas, señaló que, tras la suspensión obtenida por Aguakán se confirma que el proceso iniciado por la XVII Legislatura para cesar esta concesión sólo ha sido “atole con el dedo”.
El dirigente perredista señaló que se optó por la ruta equivocada, porque como lo dice la sentencia del juez federal, el Congreso no puede revocar una concesión de esa forma porque ya son hechos consumados al existir un contrato de concesión.
La ruta adecuada, reiteró, era a través de las cláusulas que establece el contrato de concesión, a través de un rescate técnico y financiero del servicio de agua y del mal servicio, a través de los tribunales mercantiles, pero no la siguieron por compromisos.
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“Lo que quieren es decir: tratamos de cumplir por la sociedad, pero el juez malo -como dice nuestro presidente-, no nos dio la razón, pero lo intentamos. Cuando en realidad debería abrirse un tema mercantil, de cancelar la concesión del contrato a través del mal servicio, un rescate técnico y financiero que lo establece el mismo contrato de concesión. Pero como saben que esa es la ruta correcta y aventarse ese tiro no quieren, porque también hay compromisos, nada más nos quieren dar atole con el dedo”, expuso.
Resaltó que era de esperarse la resolución del juzgado porque como lo establece la sentencia, y como él mismo ya lo había señalado, no se puede cancelar un contrato de concesión a través de la eliminación de un decreto porque violenta el Estado de Derecho.
“Yo siempre decía que, o era el desconocimiento total de los diputados que votaron a favor y el desconocimiento total del área jurídica, que eso sería muy grave en el Estado, que no sepan el alcance de su labor legislativa muy clara en la constitución o simplemente era tratar de tapar el sol con un dedo”, puntualizó.
Se trata, acotó, de defender la legalidad, porque en todo caso cualquier concesión, cualquier contrato que obligue al Gobierno del Estado a dar una contraprestación, a una licitación, sería muy fácil derogar el decreto y dejar sin efectos, por eso es muy claro el Poder Judicial de defender el Estado de Derecho.
Las leyes se pueden derogar, aclaró, porque son leyes de aplicación general, pero las concesiones y obligaciones que tiene el estado, no se pueden derogar porque generan incertidumbre, incluso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió un comunicado en el que estaban en contra.
