Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- Con cinco votos a favor, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial determinaron remover al presidente del organismo, José Luis Vargas como consecuencia de la inconformidad que se había registrado hace dos meses. Al mismo tiempo, al reanudarse la sesión bajo la presidencia de la magistrada Janine Otálora -por ministerio de ley, dijeron, ante la reticencia de Vargas a hacerlo – removieron unánimemente a Vargas y eligieron al magistrado Reyes Rodríguez como nuevo presidente para concluir el periodo del encargo anterior.
Tras ser designado por los cinco magistrados presentes -pues se ausentaron Vargas y Mónica Soto – , el nuevo presidente del TEPJF afirmó que “el poder judicial y el fortalecimiento de su autonomía e independencia requieren del trabajo individual de sus operadores jurídicos y del esfuerzo colectivo de las instituciones encargadas de la impartición de justicia. Sin embargo, la judicatura opera bajo niveles de desconfianza, que solo han aumentado con el paso del tiempo. Tenemos que ser plenamente conscientes de ello para no construir castillos en el aire y caminar, en cambio, con los pies firmes en la tierra”.
Poco antes, el magistrado Felipe de la Mata, quien desató la crisis institucional con su propuesta de incluir un punto de acuerdo para incluir un punto de acuerdo para evaluar la gestión de Vargas, aseveró, durante la reanudación de la sesión sostuvo que esta evaluación del ahora ex presidente “no son grillas, no es política, yo sólo quiero el bien de la institución, y no hay mayor interés personal que el bien de mi casa laboral de toda una vida y si ahora le dirijo estas frases es con buena fe y honestidad, con decencia, pero con contundencia, porque a mí me queda claro que ni su desempeño ni el mío será olvidados por la historia: seremos juzgados”.
Al promover una moción de censura a Vargas, el magistrado recordó que la semana pasada, el ex presidente se refirió a los cinco magistrados como “manada” algo que fue inadmisible. Por eso lo llamó públicamente a reflexionar respecto de su ejercicio como titular de este máximo órgano de justicia electoral, mismo que “a mi juicio es censurable y así debe ser calificado por este Pleno”.
De la Mata acusó a Vargas de que “desde el tres de noviembre de dos mil veinte, fecha en la que se eligió, al magistrado José Luis Vargas Valdez como presidente del Tribunal Electoral, se han advertido diversas inconsistencias en el turno de los medios de los impugnación, relacionados con la omisión de publicar en estrados el acuerdo de turno, la discrecionalidad e inconsistencia al momento de turnar varios asuntos con vinculación, así como en la discrecionalidad en el turno cuando las y los magistrados se encuentran de vacaciones o de licencia”.
Mas adelante, el magistrado, señaló que “es un hecho notorio y reconocido por el propio magistrado presidente que cuenta con procesos de investigación en curso ante la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra y que, el pasado treinta de julio, un juez de control revocó la decisión de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de no ejercer la acción penal por lo que, en consecuencia, se ordenó la reapertura de la investigación sobre temas patrimoniales”.
“Creo ciertamente que el principio de presunción de inocencia es un faro que debe guiar las decisiones, sin embargo, la protección institucional nos obliga a considerar anteponer el bien del Tribunal como órgano que se debe a la ciudadanía y que es nuestra responsabilidad cuidar”, agregó.
En su oportunidad, la magistrada Janine Otálora advirtió que cuando un juzgador actúa “en contra de su obligación de dar certeza y sus actos ponen en riesgo la certeza de la contienda electoral, sus pares tiene la responsabilidad de hacer prevalecer co0nstitución”. Dijo que la gestión de Vargas “ha resultado que asuntos no pueden discutirse adecuadamente , y puesto en cuestionamiento la votación de sus pares.
En paralelo, determinaron cesar previamente al secretario y subsecretaria General de Acuerdos por ausentarse sin justificación a la reanudación de la sesión.
Con información de La Jornada
