Matilde Zamora/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo, despachó cinco juicios políticos a dos semanas de que concluya la Décimo Sexta Legislatura en contra de los ex alcaldes de Cancún, Remberto Estrada Barba, Mara Lezama, el ex titular de la Comisión de Derechos Humanos, Marco Antonio Toh Euán, y la ex titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres Muñoz.
Durante la sesión los diputados Kira Iris San, Cristina Torres, y Carlos Rafael Hernández Blanco, integrantes de la Comisión de Justicia determinaron que las denuncias no fueron ratificadas, personalmente dentro del plazo que exige el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo, razón por la que los juicios no fueron procedentes, entre otras cosas como la falta de pruebas.
Aprobaron el dictamen para desechar las solicitudes de juicio político en contra de Remberto Estrada, como a los integrantes del cabildo de Benito Juárez de los periodos 2016-2018.
En el caso de la administración de Mara Lezama (gobernadora electa) en el periodo 2018 a 2021 y los integrantes de su Cabildo, Heyden Cebada Rivas (ex síndico, y actual magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia), Anahí González Hernández (actual diputada federal), Humberto Aldana Navarro (dirigente de Morena, y diputado electo) entre otros.
Y las solicitudes de juicio político en contra de Marco Antonio Toh Euán, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos y de Yohanet Torres Muñoz, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ahora también diputada electa en lo que será la Décimo Séptima Legislatura.
YENSUNNI Y MAGISTRADA
En contraste los diputados determinaron posponer el dictamen de juicio en contra de la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez, y la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa Isabel González Glennie, aunque en ambos la propuesta también es “desecharlos”.
En el caso de Yensunni Martínez la propuesta es que el dictamen deseche la petición de ciudadanas y ciudadanos integrantes de las comunidades de Guillermo Prieto, Caña Brava, 16 de septiembre, Pioneros del Río, los Ángeles, 21 de mayo, Nuevo Progreso, Nuevo Paraíso, San Antonio Soda y Dos Naciones, subdelegaciones municipales y ejidos, del Municipio de Othón P. Blanco, por no aportar suficientes elementos de prueba en su demanda, por lo que también se podría dar vista a la Contraloría municipal, en su caso.
En cuanto a la propuesta del dictamen de la solicitud contra la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, iría en el sentido de desecharla y dar vista, en su caso, al Órgano Interno de Control de dicho órgano autónomo
El personal de la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo, expuso que la Comisión de Justicia no es competente para determinar el cumplimiento de los requisitos que prevé el Código de Justicia Administrativa para la contratación que realice el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, y tampoco tiene competencia para resolver alguna responsabilidad de carácter administrativo por este incumplimiento.
“Los órganos internos de control tienen estas facultades para resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos e imponer, en su caso, alguna sanción administrativa. Es evidente que el OIC es competente para conocer de los hechos expuestos dentro de la denuncia. Por otra parte, las evidencias que fueron presentadas como pruebas están estrechamente relacionadas para demostrar una presunta responsabilidad, sin embargo esta no es de carácter político, que es la única competencia que tiene esta comisión ordinaria”, señaló el cuerpo jurídico del Congreso.
