Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Gobierno de Quintana Roo suspendió desde el año 2016 los pagos del fondo de vivienda de miles de trabajadores estatales.
En la mayoría de los casos, el gobierno del estado retuvo las aportaciones de los trabajadores pero no transfirió el recurso al Fondo Nacional de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
Esta deuda se estima es de unos mil 500 millones de pesos y cuyo monto se suma a otra de casi 99 millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Este desfalco en las cuotas del fondo de vivienda fue detectado por trabajadores del Gobierno de Quintana Roo a quienes el Fovissste ha enviado requerimientos de pagos “invitando” a los trabajadores a ponerse al corriente pese a que las retenciones aparecen como efectivas y hechas por la administración estatal.
En el año 2017, el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara Fernández, reveló que Quintana Roo debia 750 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), luego de que la administración de Roberto Borge Angulo retuviera las aportaciones de cientos de trabajadores sin entregarlas al organismo.
Esta situación obligó a que cientos de servidores públicos fueran ingresados al buró de crédito y que muchos de ellos estén en riesgo de embargo de sus viviendas por el adeudo que enfrentan.
La deuda data del 2012, año en que comenzaron las retenciones Issste , Fovissste e Impuesto Sobre la Renta.
Las dos secretarías que acumulan el mayor volumen de deuda son Educación y Cultura y Salud, aunque no se sabe con certeza el número de trabajadores afectados.
Hace unas semanas atrás El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Pedro Zenteno Santaella, comentó que, a nivel nacional, diversas instituciones adeudan al Issste por este concepto
alrededor de 80 mil millones de pesos, de los cuales 67 por ciento está destinado a pensiones.
Un dato importante es que en el año 2021, el Senado de la República aprobó un proyecto de Ley que sanciona la omisión de reportes al Issste cuotas, aportaciones o descuentos a trabajadores.
Se trata de reformas a las leyes del ISSSTE, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado -Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional- y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El proyecto precisa que la sanción por la falta administrativa grave, por dicha omisión, está dirigida a los titulares de las dependencias y entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizarlas.
Asimismo, refiere que, de conformidad con el nuevo modelo institucional orientado a mejorar los procedimientos de sanción, “es posible inhibir y sancionar los actos de corrupción, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas para propiciar que los servidores públicos actúen con responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad”.
