Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN. El desbordamiento de aguas negras y la constante carencia de agua potable, son las principales deudas que han dejado varias administraciones municipales, junto con el Estado y de origen la constructora, a los habitantes de Urbi.
“DMAS apoyado por Grupo GEMA, asiste a habitantes del Fraccionamiento URBI en la presentación de un amparo indirecto contra 1) la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) del Estado de Quintana Roo, 2) la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, 3) la Tesorería del Municipio de Benito Juárez, 4) la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y 5) el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ante la omisión y participación de todos los anteriores en la adquisición, mediante un crédito de INFONAVIT, de una vivienda de interés social que NO puede ser considerada una VIVIENDA DIGNA por la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales”, detalló Antonella Vázquez Cavedon, abogada de la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medioambiente Sano (DMAS).
Ante varias faltas, el juicio de amparo inició el día 28 de Noviembre de 2024 cuando fue admitida la demanda y el día 20 de marzo de 2024 esperamos se celebre la audiencia constitucional que dará pie a una sentencia.
CAPA por su parte señaló que era el Desarrollo Urbano Municipal quien debía vigilar el cumplimiento de las obras mínimas, pero que: emitió una Constancia de No adeudo porque no se debe, pero no se debe porque no se le entregó infraestructura alguna, y que de cualquier forma, el Desarrollador se comprometió a una red de drenaje, no una planta de tratamiento.
Se prevé que este 20 de marzo se celebre la audiencia constitucional de una vez por todas ante la omisión de las autoridades responsables en vigilar y hacer cumplir la Ley en temas de planeación urbana.
“Consideramos que este argumento de que “no se ha municipalizado” es inaceptable de las autoridades cuando son omisas y se debe reconocer que esta municipalización sucede cuando las propias autoridades, como es el caso, permiten la transmisión de las propiedades y cobran un impuesto predial a los ciudadanos que confiaban en un estado de derecho”, acotó.
Ante esto y para que la población conozca más de su derecho a la #Vivienda Digna, DMAS elaboró un folleto con información accesible que estará disponible en nuestras redes y al correo contacto@dmas.mx. El #CasoUrbi es uno de muchos y la contaminación que se genera nos afecta todos.
