Agencias
CANCÚN – La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en proceso una denuncia en contra de Abraham Masegosa Raña, secretario particular de Blanca Merari Tziu Muñoz, presidenta municipal de Puerto Morelos.
La denuncia asentada en la carpeta de investigación 2118/2023, fue por el delito de administración fraudulenta en el Residencial Bahía Dorada, donde reside en Cancún; denuncia en la que también fue incluida Grisel Ramos Castillo.
Uno de los señalamientos más destacados recae en la autoproclamación de Masegosa Raña, como presidente de la mesa directiva del Residencial Bahía Dorada hace siete años, cargo que debería limitarse a dos años y que ha impedido a otros vecinos postularse para renovarla.
Se ha confirmado que Masegosa Raña constituyó la junta sin contar con el respaldo de la comunidad, y que su tesorero designado falleció hace seis años, dejando a Masegosa Raña como presidente y tesorero sin oposición alguna.
Te puede interesar: NOMBRES Y MONTOS: Tiende Blanca Merari red de nepotismo en la comuna de Puerto Morelos
Los residentes de Bahía Dorada también han expresado su descontento ante el aumento de la cuota de mantenimiento, pasando de 550 a 700 pesos a partir de diciembre de 2022.
Para llevar a cabo este incremento, Masegosa Raña debería haber convocado a una asamblea para justificarlo, pero además, los residentes argumentan que no ven reflejado este aumento en el mantenimiento y conservación del lugar.
Las quejas se extienden a la deteriorada infraestructura del residencial, con una palapa en estado deplorable, un cenote cerrado, fuentes que no funcionan y fallas en alumbrado público.
Adicionalmente, se ha reportado la presencia de vehículos abandonados durante tres años, y se ha detectado el uso irregular de propiedades que deberían ser exclusivamente residenciales, siendo utilizadas como comercios, lo que llevó al rompimiento de la barda perimetral del fraccionamiento y entre estas propiedades, se encuentra una de Masegosa Raña.
Tampoco ha podido justificar el uso de 162 mil 400 pesos, que incluye el salario de seis trabajadores para las 232 viviendas, de los cuales, cuatro se desempeñan como personal de seguridad que, en realidad, solo ejercen como porteros, pues no pertenecen a ninguna empresa de seguridad y no reciben capacitación formal.
La denuncia sigue vigente y los habitantes del residencial piden que la Fiscalía avance en la investigación al funcionario municipal.
Red Informativa del Sureste