Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- La XVI Legislatura negó el derecho de audiencia a la empresa Aguakan, invadiendo facultades municipales y del Gobierno del Estado, abarcando funciones que no le corresponden y saliendo de la ley con un decreto que invalida la ampliación de la concesión, denunció Paul Rangel, director de Aguakan.
Recordó que el proyecto se llevó al mercado y tras haber pasado todos los filtros, generó todo un proceso de confianza, por lo que incluso hubo una inversión importante por parte de Afores, con más de 22 millones de trabajadores de todo el país.
“Invirtieron porque creían que existía un Estado de Derecho, si no existe ese Estado de Derecho es muy difícil que la gente siga creyendo e invertir en los proyectos, porque si de la noche a la mañana te van a cambiar todo, con decretos que son ilegales, negando los derechos de audiencia, básico para los derechos de cualquier inversionistas”, acusó en entrevista con Radio Fórmula.
Te puede interesar: Diputados, listos para defender abrogación de Aguakan
Desde la empresa, señaló, existe la confianza de que se respetará el Estado de Derecho y ellos seguirán trabajando con los 1,400 colaboradores dentro de la empresa, más otras empresa con las que colaboran para brindar el servicio; mientras tanto la suspensión se mantiene y están a la espera de los tiempos legales.
En el 2014 la empresa Aguakan, recordó, siguió todo el proceso, con toda la documentación, para solicitar la ampliación de la concesión, incluidos los modelos financieros y pasó por la autorización por todos los municipios, hasta llegar al Congreso y nadie le requirió ninguna información extra.
“Yo creo que están mal informados de cómo se llevó realmente el proceso, porque está toda la documentación, los soportes y todo lo que se requiere para llegar a ello… no sólo implicó la ampliación de la concesión, sino también modificación de la contraprestación que se otorga y algunos otros temas dentro del título de concesión, el cual incorpora también todo el municipio de Solidaridad y la empresa realizó el pago a quien se tenía que haber dado”, explicó.
Lo que ocurrió después de haber pagado, dijo, ya no es responsabilidad de Aguakan, porque la empresa hizo el pago directamente a CAPA, que es el regulador de la concesión y tiene todos los mecanismos para evaluar a la concesionaria.