Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado está convirtiendo al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) en un ente recaudatorio que obliga al pago de nuevo tributos y a la aplicación de nuevos requisitos para el emplacamiento o verificación como el hecho de exigir un seguro vehicular hasta al conductor de la carcacha más vieja y destartalada que circule por las nada recomendables calles de ciudades como Cancún y Chetumal.
De entrada, la legislatura local ya le arrebató el cobro de derechos por la expedición de licencias y permisos de conducir a los municipios y se la transfirió al Estado por medio del Imoveqroo, una institución que ahora no solamente controla a los sindicatos de taxistas, plataformas digitales de transporte público, organizaciones de transportistas y a motorepartidores, sino también lo hará con todos los automovilistas, a quienes incluso invitará a llenar un formato para que puedan ser donares de órganos.
La medida no es mala, pero llega en un momento en que la situación no está como para poder invertir en un seguro vehicular que, baratos no son y, en el caso de la donación, pues ahí le entrará quienes quieran o quienes puedan.
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Este miércoles, la fracción parlamentaria de Morena propuso al pleno legislativo una iniciativa de reformas (otra más) a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, en la que incluso impone la suspensión de licencias de conducir de 1 a 5 años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.
Presuntuoso como siempre, el diputado originario de Felipe Carrillo Puerto, José María Chacón Chablé, el famoso “Chema”, que roba frases a famosos escritores e idealistas cada vez que toma la tribuna, argumentó que, la Comisión de Movilidad que él mismo preside, “nunca había estado en tan estrecha colaboración con las autoridades como ahora”, haciendo referencia a que, cada reforma, la consulta con el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, cuyo titular Rodrigo Alcázar Urrutia, le restregó, en su más reciente comparecencia, que el gobierno del Estado contrató los servicios de un despacho jurídico, al que pagó once millones de pesos para la elaboración de una nueva Ley de Movilidad, porque la actual nació “mocha”.
De por sí la Ley de Movilidad que promovió el diputado panista de la XV Legislatura, Fernando “El Chino” Zelaya, en el primer trienio del no muy bien recordado Carlos Joaquín González, nació entre la informidad del gremio taxista y de otras tantas organizaciones de transportistas.
Las reformas a esta ley van a seguir, hasta en tanto Rodrigo Alcázar no presente pomposamente el trabajo que se le encargó al despacho agraciado, ¡digo!… Nos leemos en la próxima entrega.
