Por Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN. – El presidente estatal del PRD, Leobardo Rojas, confirmó que un juez concedió la suspensión definitiva al uso de la parcela 196, por lo que el ayuntamiento Benito Juárez ya no podrá llevar residuos sólidos a dicha celda.
Desde el 24 de octubre se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado en relación al basurero municipal de Benito Juárez y cuya notificación ya debió llegarles en tiempo y forma.
“El municipio negaba conocimiento alguno, esperemos que ya fuera pertinente el tiempo para que el municipio haya sido notificado, aunque la Ley de Amparo establece que en automático debe ser notificados a través de sus correos electrónicos que tienen dados de alta en los recursos y en el juicios que ellos llevan y presentan, pero al final de cuentas esperemos que ya sea un tiempo pertinente para que el Ayuntamiento haya sido notificado de esta suspensión definitiva”, resaltó.
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Eso quiere decir, dijo, que a partir del momento que sea notificado, dejen de estar utilizando la parcela 196 como tiradero a cielo abierto, el espacio que ya está clausurado, así como el basurero emergente, considerando lo que resolvió el juez federal, que es la protección al medio ambiente y el derecho que tienen los benitojuarenses en el tema de un ambiente sano.
Si la autoridad municipal no presenta ningún recurso de revisión, deberán acatar la resolución y en caso de presentarlo, el PRD continuará con el proceso a través del Colegiado de circuito, en espera de que las instituciones garanticen los derechos.
Si no cuidan la Norma Oficial Mexicana, señaló, en relación al tema de basureros, seguirán tirando lixiviados y habrá mayor afectación, por lo que hizo un llamado al Ayuntamiento a que haga las acciones pertinentes para cuidar el sistema acuífero de Benito Juárez, porque es un sistema cavernoso que lleva el agua potable.
Hizo énfasis en que la Ley de Amparo es muy clara, hay sanciones y penalidades por no acatar el ordenamiento de un juez federal, comenzando con una llamada de atención, pero también puede llegar a la destitución del funcionario que no acate el amparo de un juez y son varias las autoridades que tienen relación con ellos, como el secretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, la delegación de la PROFEPA, el director general de SIRESOL, el consejo de administración donde ESTÁ un grupo de regidores el Cabildo de Benito Juárez y la misma presidenta municipal.
“Nosotros vamos a estar revisando a través de las herramientas que nosotros tenemos y que nos van a proporcionar algunos simpatizantes de este proyecto y conocedores del tema que se dé el cumplimiento, pero si no se da el cumplimiento nosotros a través de una inspección ocular de la autoridad en este caso del juez, vamos a solicitar que se esté monitoreando en la guardia de los intereses de los benitojuarenses”, puntualizó.