Agencias
CANCÚN.- Revela estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) que la percepción de inseguridad de los habitantes de Cancún, se incrementó durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Esto fue dado a conocer por el Observatorio Quintana Roo, recordando que en nuestro Estado, el INEGI considera a las ciudades de Cancún y Chetumal para hacer el estudio.
Según el informe, en el primer trimestre de 2023 el 83% de los ciudadanos de Cancún y el 64.2% de los ciudadanos de Chetumal se sienten inseguros.
Los indicadores que se disponen para medir las incidencias delictivas provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el cual se alimenta de los datos que le son reportados por las carpetas de investigación de las instituciones locales de seguridad.
Te puede interesar: OBSERVATORIO LEGISLATIVO: Programas de Secretaría del Bienestar, de carácter electorero y sin fundamento legal
“Son los datos disponibles, pero como sabemos en varios de los delitos existe un gran vacío de datos por las cifras negras de delitos e incidentes no reportados al Sistema” señala el comunicado.
En el mismo informe se señala que aún cuando el total de los delitos van a la alza comparados con el mismo periodo del año anterior, algunos de ellos están a la baja…
“Cuantitativamente los mas altos son los de violencia familiar y los de robo, en este último rubro una gran cantidad de denuncias son por robos menores, ambos datos son una señal de la descomposición social que afecta a nuestra comunidad y que se ha venido incrementando año con año. Los delitos de alto impacto como homicidios, los de narcomenudeo son los que dan las notas destacadas en la opinión pública y que tienen su origen en las luchas por el control de los mercados de venta de drogas y delitos mayores. En este ultimo rubro Cancún y Tulum son los que tienen mayor incidencia en las cifras en homicidios: Cancún 60%, Tulum 18%” agrega el comunicado.
Algo importante en estas cifras son las correspondientes al narcomenudeo y a la de trata de personas, estas carpetas básicamente tienen su origen en lo trabajos de investigación, ya que las denuncias sobre ello son pocas, al igual que las de extorsión, mismas que deben de hacerse en las fiscalías o ministerios públicos.
“Se ha dicho siempre que la falta de denuncias es debido a los procedimientos lentos, engorrosos, que no confían en la Justicia, lo que se registra en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2022) que señala que solo el 6.8% de los delitos es denunciado. Es un reto el que se pueda implementar sistemas mas ágiles de denuncia pública, quizás como los que ya están funcionando en la Cd. Mx. que se implementó una línea de Denuncia Digital en Línea para recibir la primera denuncia y agendar su ratificación con tiempo para seguir con el proceso legal” explica.
También deben de considerarse otros elementos de medición que deben integrarse, como el tema de indicadores y políticas de atención de personas desaparecidas, del delito de trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Igualmente dar seguimiento a la reasignación de los escoltas asignados a exfuncionarios públicos y empresarios que se ha solicitado frecuentemente se incorporen a sus plazas porque hacen falta en la operación policial cotidiana.
“Estamos ante un proceso de cambio en la atención de esta problemática, con una nueva Ley de Seguridad Ciudadana y una nueva visión de estrategia, pero estos llevarán su tiempo de maduración y su éxito dependerá de muchos factores para que puedan reducirse los índices actuales. Algo importante es alinear las políticas de atención social a los objetivos de seguridad, para reducir los índices de violencia familiar y de evitar el aumento de conductas que deriven en futuros actos de delincuencia”.
Para apoyar lo anterior, se puede observar los resultados reportados en la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal de marzo de 2023 publicada por el INEGI (ENASJUP).
En ella se puede ver que los que se encuentran en estas condiciones son de edades de 12 a 17 años, que el 72% cuenta con poca educación escolar, la cual no pudo obtener por tener la necesidad de trabajar y sin la opción de poder hacerlo; el 48% consumía bebidas alcohólicas y el 20% alguna droga. En esas edades declararon tener ya dependientes de ellos. Las causas de su detención son: por la realización de robos menores, de vehículos, en casas y negocios. también una causa importantes es la de violaciones sexuales. Sobre su entorno familiar señalaron que abandonaron su casa por problemas económicos, familiares, mal trato y consumo frecuente de alcohol por parte de padres y familiares. Todas estas causas son evitables si se alinean los programas sociales con las estrategias de seguridad.
Con información de Red Informativa del Sureste (RIS)