Por Julio César Solís
CANCÚN.- El Observatorio Legislativo Quintana Roo Asociación Civil aseguró que los resultados del Comité de Participación Ciudadana (CPC) son nulos, y a dos años de su creación no ha emitido ni una sola recomendación contra el Gobierno del Estado, Ayuntamientos, ni Congreso local, pese a tener a disposición 36 millones de pesos de presupuesto público.
Es decir, el CPC, dependiente del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (Saeqroo), cuesta 50 mil pesos diarios al erario público, lo que significa alrededor de un millón y medio de pesos mensuales.
El CPC de Quintana Roo se ubica entre los siete con mayor dinero público a ejercer en el país, y no obstante, ha sido omiso y permisivo sobre posibles situaciones de corrupción de los Gobiernos estatal y municipales, así como la Legislatura.
Si bien sólo puede emitir recomendaciones no vinculantes, el CPC sí puede emitir exhortos, señalamientos e, incluso, generar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), precisó el Observatorio Legislativo Quintana Roo AC.
“No ha dado paso a incorporar un sistema de denuncias de los muchos problemas que están sucediendo día con día en el estado, que por el solo motivo de presentación pública se deberían convertir en una carpeta de investigación. Su orientación a sólo dar platicas de orientación y capacitación no solucionan los problemas”, señaló Eduardo Galaviz Ibarra, integrante del Observatorio Legislativo.
Afirmó que la propuesta de avance del CPC con una encuesta efectuada para medir el nivel de corrupción no es aceptable y más cuando su resultado es que el principal problema de corrupción es en los procesos de ventanilla, con desconocimiento que éstos están siendo superados por los avances tecnológicos.
Incluso, dijo, ante iniciativas presentadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como ‘Somos tus Ojos’, que denunció el presunto desvío de recursos por parte del Congreso del Estado y la falsificación de documentos de supuestos beneficiarios de los programas de ayudas sociales, el CPC no emitió declaración o recomendación alguna.
Igualmente, explicó Eduardo Galaviz, fueron públicas las denuncias que el Observatorio Legislativo presentó sobre el mismo tema ante las Fiscalías y no hubo comentario alguno.
“Ni de esto ni de la denuncia pública sobre los posibles desvíos y recursos sobre la remodelación del salón de sesiones del Congreso que efectuó la XV Legislatura”, apuntó.
Eduardo Galaviz detalló que existen numerosos temas locales en los que el CPC puede intervenir, como el caso de Benito Juárez (Cancún), cuya comuna, encabezada por la morenista Mara Lezama Espinosa, tiene un gasto oneroso en materia de comunicación social y difusión de imagen.
“No ha denunciado que muchas entidades públicas no cumplen con las obligaciones comunes de transparencia obligatoria, como el caso del municipio de Benito Juárez, cuya información sobre los contratos de comunicación y difusión siguen siendo un misterio oculto; igualmente la información de su número de empleados en sus diferentes modalidades”, subrayó.
Enfatizó que otra posible irregularidad en Cancún es cómo ejecuta la comuna el procedimiento de Licitaciones Públicas Nacionales (LPN), donde la posibilidad de acceder es limitada, ya que se publica con limitaciones de día y horario, así como los procedimientos para la compra de bases.
“No es explicable que muchos de sus contratos de obra sean asignados a empresas foráneas”, concluyó.