Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Un documento oficial emitido durante la administración de Carlos Joaquín muestra que a fin de 2020 la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) envió a Cancún una comitiva de inspección a Aguakan, que incluía los pagos al Estado por la concesión, y el reporte muestra que la empresa no le dio ninguna información.
El viaje se realizó entre el 16 y el 19 de diciembre de 2020, y se denominó “Revisión a Concesionaria Aguakan”.
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Con respecto a las tareas, el informe dice:
“En las instalaciones de la Empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV se realizaron los trabajos de verificación física de información financiera y contable, digital y documental, mediante la inspección física de sus sistema contable denominado SAP, lo anterior con el fin de realizar aclaraciones a la información enviada a la CAPA”.
El Gobierno llegó con un catálogo de 12 puntos para reunir información, pero se fue con las manos vacías.
Las respuestas en algunos puntos fueron casi ofensivas, por ejemplo el punto 5.
En ese punto de requerimiento a la empresa dice:
“5. Base de Cálculos de los Derechos de Concesión del ejercicio 2015 al 2020 (solicitando se entregue en esta visita los ejercicios 2019 y 2020)”.
La respuesta de Aguakan fue reveladora de la relación entre empresa y estado.
Dice el informe:
“Para esta solicitud, se inició un ejercicio de elaboración e integración de la base de cálculo de los derechos de concesión, sin embargo, al solicitar los papeles de trabajo que dan origen a la integración de dicha base, la DHC manifestó que no es posible presentarla ya que quien la elabora es el Contralor Interno el C. Jorge Guerrero Escandon y esta persona se encuentra enfermo de COVID y ausente de las oficinas”.
Y CAPA mismo reconoce que la respuesta es muy insatisfactoria:
“Bajo esta respuesta la CAPA considera que este argumento debilita el proceso administrativo ya que el cálculo de la base de recaudación no debe estar sujeta a una persona y el procedimiento debe estar establecido previendo situaciones como esta para que alguien más pueda realizarlo, ya que en una revisión no se debe manifestar la imposibilidad de este ejercicio de integración. Se reprogramó el ejercicio de cálculo para una mesa de trabajo que quedara definida por DHC entre el periodo del 11 al 15 de enero del 2021”.
Si bien ya no se dio información de qué sucedió con esa “mesa de trabajo” prevista para los primeros días de 2021, es evidente que nunca se realizó, o al menos no generó ningún resultado.
Esto es así porque el actual director de CAPA, Alberto Covarrubias, dijo ante el Congreso que desde 2019 no hay reportes de ninguna revisión por parte del Gobierno hacia Aguakan.
Otros requerimientos que se hicieron fueron:
Reportes de e ingresos, cuentas bancarias, estados financieros, declaraciones anuales, cuentas por cobrar y revisión física de módulos contables y comerciales, entre otros.
Como se puede observar en el documento, en ninguno de los 12 puntos Aguakan la dio una respuesta a CAPA.
Por eso, el informe final de CAPA a es muy claro.
Dice:
Resultados obtenidos
Se determinaron las debilidades del Sistema Comercial y Contable SAP de la concesionaria Aguakan, observándose dificultades en emisión de Estados Financieros y deficiencias en la generación de la información financiera presentada para la base de cálculo de recaudación para el pago de derechos de concesión.
Contribuciones
La revisión realizada permite el desarrollo de técnicas para la integración de la base de calculo de los derechos de concesión así como verificación y comprobación con información financiera emitida por Aguakan.
Y la conclusión es determinante: el Estado ya no tenía en claro en ese momento si Aguakán pagaba la concesión como debía.
Dice el informe:
Conclusiones
En general mediante esta revisión no se puede validar ni concluir como correcta la base de cálculo de los derechos de concesión que tiene como obligación la concesionaria para el pago trimestral, y por ende tampoco que dichos pagos se haya realizado conforme a derecho y de manera correcta.
Como lo ha dado a conocer La Opinión, el no pago o pago irregular de la concesión, es una causal de revocación del contrato.
Pero aun así no hay informes posteriores a esta inspección. Y luego, mágicamente, el Gobierno de Carlos Joaquín se olvidó del tema Aguakán.
Con información de La Opinión de Quintana Roo
