Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
MADRID.- El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el caso que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La citación es para el próximo martes, 30 de julio, a las 11:00 horas, pero el presidente no deberá acudir al juzgado, sino que será el magistrado quien se desplace a la Moncloa para tomar la prueba testifical, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los más altos cargos del Estado. Dicha norma exime, además, a los testigos de declarar contra el cónyuge, un derecho al que podría acogerse Pedro Sánchez.
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Por otro lado, Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha cambiado la condición del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi, de testigo a investigado, y le ha citado igualmente a prestar declaración como tal el próximo 29 de julio a las 9:45 horas.
El PSOE recurrirá la decisión del juez
El PSOE ha adelantado que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llamar a declarar al presidente del Gobierno y secretario general socialista será recurrida y afirman que estas nuevas diligencias son “injustificadas” y revelan la naturaleza “política” del caso.
En un comunicado, señala que todas las diligencias practicadas hasta el momento demuestran que “no hay causa alguna” y así lo indican los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las testificales practicadas y los recursos presentados por la Fiscalía.
El PSOE sostiene que este caso constituye una “persecución política orquestada por la derecha y la ultraderecha contra el presidente del Gobierno y su familia” y considera que PP y Vox intentan lograr “con oscuras maniobras” lo que no consiguieron en las urnas en las elecciones generales del 23 de julio de las que ahora se cumple un año.
Consideran que se trata de una causa “orquestada” basada en una investigación “prospectiva” prohibida por la legislación española y “sin fundamento jurídico”. No obstante, señalan que la justicia “acabará prevaleciendo” y PP y Vox “no se saldrán con la suya”. “La verdad y la democracia se impondrán frente a este atropello democrático”, añaden.
“Lo que parece es: es una persecución absolutamente despiadada contra presidente y su familia”, ha asegurado en la misma línea el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. “Lamento decirles a toda esta jauría que no lo van a conseguir, que hay Pedro Sánchez y gobierno progresista para muchos años”, ha sentenciado Bolaños en la rueda de prensa posterior a las reuniones con grupos parlamentarios para avanzar en las medidas de regeneración democrática propuestas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Vox pidió la citación a Sánchez después de que Gómez no declarase
Begoña Gómez se acogió el pasado viernes a su derecho a no declarar como investigada en una segunda visita a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. En la primera ocasión, se suspendió la comparecencia a petición de su abogado, que argumenta que no conoce las causas por las que se le imputa.
“No llegamos a entender qué guía al juzgado en esta investigación expansiva, que cada vez se extiende más, y donde las garantías no están lo suficientemente protegidas en un Estado de derecho”, insistió el viernes el responsable de la defensa, el exministro Antonio Camacho, a su salida de los juzgados.
Vox, que dirige la acusación particular con Hazte Oír, Iustitia Europa y Manos Limpias, confirmó entonces que pediría la citación del presidente del Gobierno, algo que su líder, Santiago Abascal, ha reivindicado este lunes.
En concreto, el coordinador jurídico de la formación de extrema derecha, Jorge Buxadé, aseguró que Sánchez “debe explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa” y “a cuántas empresas ha llamado para facilitar, en su caso, la labor y el trabajo de su mujer”, en referencia a la declaración ante el juez del empresario Carlos Barrabés, quien afirmó que el jefe del Ejecutivo estuvo presente en dos reuniones mantenidas con Gómez en Moncloa. Tras su declaración, Barrabés pasó de testigo a investigado y el juez de instrucción lo citó también a declarar el próximo 29 de julio.
Una denuncia de Manos Limpias inició el caso
La investigación a Begoña Gómez parte de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias —vinculado a la ultraderecha— basada en ocho noticias según las cuales la esposa del presidente habría firmado cartas de recomendación para la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley de la que era accionista Carlos Barrabés. El empresario era, a su vez, director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Gómez y a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las “recomendaciones o avales”. Esta empresa resultó adjudicataria de licitaciones por valor de más de 11 millones de euros, según El Confidencial.
Dicho medio ha publicado también informaciones que relacionan a Gómez con el presidente del Zamora CF y empresario Víctor de Aldama —uno de los principales investigados en el denominado ‘caso Koldo’—, a quien sitúa como el “contacto” de Gómez con la empresa Globalia, propietaria de Air Europa, que fue objeto de un rescate por parte del Gobierno de Sánchez por valor de 615 millones de euros durante la pandemia. Además, se señalaba un contrato de Air Europa con el centro de estudios IE África Center, dirigido entonces por la mujer del presidente.
Ante la posibilidad de que hayan sido afectados fondos europeos, la Fiscalía Europea asumió el núcleo central de la investigación, lo que ha motivado el cruce de acusaciones entre la defensa de Begoña Gómez, que cuestiona qué hechos se está investigando, y el magistrado, que continúa con las diligencias.
Con información de RTVE