Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
Entre la clase morenista y más entre quienes los representan en el Congreso del Estado o en los ayuntamientos, dista mucho lo que se dice, se hace o se quiera hacer. Todo este circo que se armó desde el Congreso del Estado para conocer a “fondo” cómo es que la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., o Aguakan, como se le conoce de manera común —al fin y al cabo para el caso es lo mismo— pudo obtener, disponer e incluso hasta hacer que las legislaturas anteriores a la actual pudieran modificar a modo el contrato de concesión del servicio de agua potable en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad hasta el año 2050, si mal no recuerdo.
Desde el principio hubo serios señalamientos al interior de la XVII Legislatura del Congreso del Estado porque en la presidencia de la Comisión Transitoria Especial para el caso Aguakan fue “nombrado” o “impuesto” el diputado morenista Humberto Aldana Navarro y, por lo menos, dos diputadas del Sur, como es el caso de Elda Xix y Yohanet Torres, en lugar de los o las del norte que conocen del asunto, y no es que las locales no sepan, pero por obviedad debió ser diferente.
En ese entonces, el diputado Julián Ricalde Magaña —él si quedó en la comisión— propuso en sesión plenaria que fuera incluido el diputado petista Hugo Alday Nieto, porque es un gran conocedor del tema, pero simplemente lo “votaron”. Y bueno, entre Alday y Aldana tampoco hay buena relación, aunque comparten políticamente los ideales de la 4T.
El caso es que las sesiones de la citada comisión se han convertido en una pasarela de funcionarios estatales, municipales y hasta de organismos autónomos como el Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral del Estado, cuyo representante, por cierto, estará este martes 9 de mayo en la sala “Constituyentes del 74”, en el curvato legislativo de Punta Estrella, en una nueva sesión de seguimiento.
Ya es claro el desinterés legislativo de desenmarañar las entrañas de todo esto que empezó en el gobierno de Mario Villanueva; desinterés, porque como señala el diputado Julián Ricalde, las irregularidades están a la vista de los habitantes de los municipios donde opera la empresa, quienes además votaron, en una consulta pública, para que Aguakan agarre sus “chivas” y se vaya del Estado, bueno, con excepción de Solidaridad.
Pero la situación se torna más visible e incluso hasta cierto punto medio rara, porque en Isla Mujeres, tres regidores morenistas votaron en contra de que Aguakan se largue, es decir, manifestaron estar de acuerdo en que siga brindando el pésimo servicio de siempre.
Y todavía más sospechosa porque la misma comisión legislativa no ha revelado —o tal vez quiera dejarlo de último— a cuánto deberían ascender los recursos que dejaron de entrar a las arcas estatales durante todo el sexenio de Roberto Borge y una buena parte del gobierno de Carlos Joaquín.
Tal vez sea todo un cochinero el que se esconde detrás de los millonarios contratos de concesión a Aguakan o simple y sencillamente Aldana Navarro y sus aliados no quieran seguirle el juego a la senadora Marybel Villegas que fue quien inició esta, digámosle “lucha”, en contra de la empresa.
Recordemos que entre los morenistas hay intereses de por medio en la lucha también por la presidencia municipal de Benito Juárez y Aldana no apoya a su Senadora.
Nos leemos en la próxima entrega.
