Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El presidente de la Jugocopo, Humberto Aldana, aseguró que el gobierno de Quintana Roo tiene que recuperar la operación del agua potable en los municipios en los que hoy opera Aguakán.
Los quintanarroenses, agregó, ya no pueden ser “rehenes” de una empresa para obtener un servicio público que es vital.
¿Qué pasará con Aguakán? que se compongan, que se vuelva a concesionar o estatizar
Aldana señaló que el estado debe recuperar el control es la Comisión de Agua y Alcantarilla y a partir de ahí se tiene que analizar todas las posibilidades.
“La corrupción no permitía invertir, no permitía que los asuntos del gobierno y del estado fueran de manera digna hacia los ciudadanos, y este gobierno ha demostrado que combatiendo la corrupción se pueden hacer muchas cosas”.
Puntualizó que las concesiones como tales son negocios y le interesan mantener una renta y con tal de ello hacen los ajustes no para que el servicio sea mejor.
Consideró que desde hace mucho tiempo se debió atender el clamor popular en relación al servicio de Aguakan, porque esta situación se agravó con el paso del tiempo y al día de hoy las quejas persisten, como se plasmó en la consulta pública realizada en las elecciones pasadas.
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“Que recupere el estado la posibilidad de garantizar a los ciudadanos un suministro de agua digno, potable, asequible y continuo. Ya se valorará el tema de las tarifas, seguramente nosotros debemos entrar en la valoración de es tema, si no, la siguiente Legislatura, de qué tanto estas tarifas, las que cobra Aguakan, deben ser revaloradas para darle al ciudadano un mejor costo por el agua, pero hay que comenzar por devolverle al ciudadano el poder”, puntualizó.
Recordó que en el análisis que se hizo de todo el tema se detecta esta deficiencia que presenta el decreto original que amplía anticipadamente la concesión por otros 30 años, las deficiencias que trae es que inhibe o no muestra ante los legisladores el contenido de dos artículos, que de haberse conocido no se habría aprobado, puesto que lesionaba directamente el interés público.
Al encontrar esto y ver que la empresa 7 días después presentó un modelo de negocio, que no fue aprobado, por lo que es ilegal y al no ser garante del servicio para toda la población, la única opción que se tenía era la derogación del decreto.
Confió en que las autoridades actuarán en favor de la gente, para garantizar el agua de forma asequible y no como está ocurriendo ahora no solo con la población, sino con los mismos empresarios, aunque desafortunadamente la ley no siempre es pronta, ni expedita y mientras tanto Aguakan “sigue operando de manera ilegal”.
“Aguakan le mintió a la legislatura, le miente al pueblo, le miente al gobierno y a los empresarios inversionistas de la empresa… nosotros pedimos que se respete el Estado de Derecho, al no tener legitimidad la empresa en su modelo de negocio”, puntualizó
