Por Diana García/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL. –Cancún seguido de Chetumal y Playa del Carmen encabezan la cifra de quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) recibidas durante el 2020, informó el ombudsperson Marco Antonio Toh Euan.
“Las quejas con mayor incidencia fueron las detenciones arbitrarias, se recibieron 335 en contra de los agentes de seguridad pública en todo el estado”, precisó el ombudsperson.
En su tercer informe ante la Comisión de Derechos Humanos XVI Legislatura, Toh Euan destacó que, durante el 2020 en cuanto a la protección jurídica, se recibieron mil 587 quejas, un 18 por ciento menos comparado con el 2019, principalmente en el municipio de Benito Juárez (Cancún) con 450, Othón P. Blanco (Chetumal) con 427 y en Solidaridad (Playa del Carmen) con 331.
Cabe mencionar Cancún es la ciudad con más población en Quintana Roo de acuerdo con cifras del INEGI en 2020 reporto 911 mil 503 habitantes.
En cuanto a las autoridades estatales más señaladas la Fiscalía General del Estado (FGE) ocupó el primer lugar con 379 quejas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con 196, la Secretaría de Educación (SEQ) con 135, los Servicios Estatales de Salud (Sesa) 102 y el Poder Judicial 55.
Marco Antonio destacó que 123 quejas estuvieron relacionadas directamente con la acción u omisión de las autoridades con motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, y el 40% se dieron en Chetumal.
Y precisó que, “58 quejas fueron en contra de las presidencias municipales y 31 quejas para jueces calificadores, y se emitieron 31 recomendaciones a favor de 64 víctimas”.
La afectación del acceso a la justicia fue el motivo por el cual se emitieron más recomendaciones, seguido de la tortura, detenciones arbitrarias, violaciones al derecho a la libertad de expresión, violaciones a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros.
Por último explicó que en cuanto a las autoridades federales fueron 11 contra el ISSSTE y 8 contra el IMSS, mismas que fueron canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tal como lo señala la ley en razón de la competencia federal.
