La XVIII Legislatura también tiene prisa para designar al próximo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.
Ayer se oficializó la terna y hoy se espera que salga, una vez más, humo guinda de la frenética chimenea del “curvato de Punta Estrella”.
Pero, más que un simple cambio, como si se tratara de un partido de fútbol de la Liga de Expansión, el combate a la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente en Quintana Roo, desde que el PRI fue echado a patadas de la “22 de enero”.
Con Carlos Joaquín primero, y ahora con el bipartito Morena-Verde, la atención a los delitos contra el erario público ha quedado corta, e incluso hay graves señalamientos de corrupción en el propio combate a la corrupción.
En el sexenio del expanista Carlos Joaquín, llegó Rosaura Villanueva Arzápalo como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (Feccqroo).
La expectativa en el sexenio anterior fue enorme, pues el “gobierno” de Roberto Borge fue una sinfonía de corrupción.
Pero el combate a la corrupción terminó siendo selectivo. Entre los ilustres impunes destacan Juan Pablo Guillermo y Eliezer Villanueva Lanz.
“Perdones” a la venta
Lo más grave es que hubo señalamientos de que en la oficina de la Fiscalía encargada de los casos del borgismo se vendían “perdones”, y el precio era discrecional.
Algunos no fueron tocados, y a otros les dieron penas leves luego de haber llegado a un buen acuerdo.
Cabe mencionar que Rosaura Villanueva Arzápalo no sería la responsable directa de esta venta de perdones, sino que esta oficina era manejada por un grupo de abogados poblanos, de acuerdo a testimnios de agraviados.
En este episodio requiere una investigación aparte, pero se ha confirmado que el Bipartito le extendió una salvoconducto de impunidad al carlismo.
Partidista y selectiva
Las cosas tampoco cambiaron mucho con la llegada del Bipartito. La característica principal fue que la justicia pasó por la criba de la política.
La Fiscalía llevó a prisión preventiva a opositores de alto rendimiento electoral como José Esquivel “Chak Me’ex” o Perla Tun, pero, en cambio, siempre miró para otro lado en los casos de Juan Carrillo y Laura Beristain, del Verde y Morena, respectivamente.
Tampoco se ve alguna acción determinante contra los actuales alcaldes con graves señalamientos de corrupción como Blanca Merari Tziu o José Alfredo “Chepe” Contreras.
Quitar y poner
En medio de esta justicia selectiva destaca la figura del titular de la Fiscalía General del Estado, Raciel López, con una militancia política muy definida en el PVEM.
La hiper-mayoría legislativa Morena-Verde debería tomarse un respiro, contar hasta 10 y aplicarse si es que realmente quieren combatir la corrupción.
Pero, si solo se trata de quitar a uno para poner a otro, les bastan 24 horas.