Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- A 48 horas del segundo informe de gobierno, Morena y sus aliados con el voto adicional del priista Filiberto Martínez Méndez, y la ausencia de los representantes del PAN y MC, aprobaron el llamado paquete de reformas constitucionales transexenales que impactan a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal de Tribunal de Justicia Administrativa.
Esta fue la primera votación de la nueva legislatura a iniciativas de reformas de ley en la que la aplastante mayoría de Morena y aliados, solo quedaba ver el sentido de voto de los cuatro diputados de oposición.
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La XVIII Legislatura de Quintana Roo aceleró la aprobación de las reformas a la Constitución local y legislación secundaria promovidas por Morena para renovar el sistema estatal anticorrupción, y este sábado, en cuestión de horas, sometió a votación los dictámenes en comisiones y en sesión del pleno, para turnar de inmediato la reforma constitucional a los municipios a fin de que realicen su ratificación.
Con estas reforma, se crea el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, se ordena sustituir a sus magistrados y a los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos, se da autonomía a la Fiscalía Anticorrupción y se aumenta el periodo del titular de la Fiscalía General del Estado de 9 a 12 años, extendiendo en los hechos la permanencia de Raciel López Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado a 13 años, asuntos resueltos por los nuevos diputados en una sola reunión de análisis y dictamen.
Los legisladores realizaron dos sesiones este sábado, la primera en la mañana para dar prórroga al análisis de las iniciativas del paquete de reformas, después de lo cual se reunieron las comisiones de Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para aprobar en el lapso de una hora los dictámenes que se mandaron a elaborar en la única sesión de comisiones realizada por los diputados de la legislatura anterior para analizar estos temas.
Una vez turnados los dictámenes al pleno, la XVIII Legislatura sesionó por segunda ocasión a las 2 de la tarde, para aprobar por mayoría la reforma constitucional y turnarla a los 11 ayuntamientos del estado para su ratificación.
A la sesión de aprobación no asistieron los diputados del PAN, Reyna Tamayo Carballo y Ángel Álvarez Cervera, así como tampoco el de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, por lo que no hicieron oír su postura sobre estas reformas, mismas que fueron aprobadas por unanimidad de los 21 presentes, entre los que estuvo la supermayoría formada por Morena, PVEM y PT, pero también el voto a favor del diputado del PRI, Filiberto Martínez Méndez.
En la reforma a la Constitución Política del Estado se establece lo siguiente:
-La sustitución del actual Tribunal de Justicia Administrativa por un Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, sustituyendo también a sus magistrados.
La gobernadora deberá mandar al Congreso las ternas para nombrar a los 5 nuevos magistrados en un plazo no mayor de 15 días hábiles después de la entrada en vigor del decreto, y durarán en su cargo 12 años, con un presidente que durará 5 años con posibilidad de una reelección.
-Ampliación del período de gestión de los titulares de órganos internos de control de los órganos autónomos a 7 años con posibilidad de una reelección, sustituyendo también a los actuales.
La legislatura nombrará a los nuevos titulares en un plazo que no exceda de 45 días hábiles después de la entrada en vigor del decreto.
-Convierte a la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción en un órgano constitucional autónomo, separándola de la Fiscalía General del Estado, y amplía la duración de su titular a 12 años.
La gobernadora del estado deberá enviar al Congreso la terna para nombrar a la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción en un plazo no mayor de 10 días hábiles después de la entrada en vigor de la reforma.
-Aumenta de 9 a 12 años el período de gestión constitucional del titular de la Fiscalía General del Estado, aunque esta disposición no se motivó ni justificó en la reforma, sino que se introdujo de manera encubierta en un artículo transitorio del decreto.
En el dictamen se precisó que este periodo de 12 años comenzará a contar para el actual fiscal, Raciel López Salazar, a partir de la entrada en vigor de la reforma, no desde julio del 2023, cuando fue nombrado, e inclusive volverá a rendir protesta de ley ante la Legislatura, por lo que el Congreso le “regaló” su primer año en funciones, permitiendo en los hechos que permanezca 13 años en el cargo.
Reformas a las leyes secundarias aprobadas
-Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para incluir las nuevas regulaciones del titular de su órgano interno de control y suprimir las normas referidas a la Fiscalía Anticorrupción antes de su autonomía.
-Reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que todos los proyectos que requieran manifestación de impacto ambiental y tengan por objeto la venta de inmuebles, primero cuenten con la autorización ambiental antes de poder realizar sus operaciones ante notario e inscribirlas ante el Registro Público de la Propiedad, por lo que éstos deberán verificar que se cuente con el documento y, de lo contrario, negar el registro.
La reforma constitucional en materia anticorrupción fue turnada a los 11 ayuntamientos del estado para que se pronuncien en ratificación, a fin de que pueda ser decretada la reforma, lo que se espera que suceda al comenzar la semana.
Filiberto Martínez, único opositor que aprobó las reformas de Morena
El diputado priísta Filiberto Martínez aprobó todas las reformas constitucionales y legales que propuso Morena, entre las cuales se incluye la desaparición y reforma del Tribunal de Justicia Administrativa, y la autonomía constitucional de la Fiscalía Anticorrupción.
También, se aprobó ampliar el periodo del titular de la Fiscalía General del Estado a 12 años, y el cambio de todos los titulares de los Órganos Internos de Control, (OIC) de las dependencias estatales y organismos autónomos.
En plena campaña trascendió que se había librado una orden de aprehensión contra Filiberto Martínez, acusado de diversas irregularidades cometidas durante su desempeño como presidente municipal de Solidaridad de 2013 a 2016.
Una vez instalada la actual legislatura el exalcalde playense reconoció que solicitó un amparo, el cual precisó fue exploratorio ante las versiones que establecían que enfrentaba una orden de arresto, pero rechazó que haya una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado en su contra.
Comunicado del Congreso del Estado
La XVIII Legislatura del Estado aprobó reformas, derogaciones y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de Quintana Roo, en materia de fortalecimiento al combate de la corrupción, responsabilidades administrativas y reorganización administrativa del Estado.
En la sesión ordinaria número 4, el Pleno Legislativo aprobó la minuta con proyecto de decreto, la cual será enviada a los ayuntamientos de la entidad para el trámite legislativo correspondiente, mediante la cual se crea un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción con fundamento constitucional y legal suficiente para que realice sus actuaciones con pleno apego a los principios establecidos en la Carta Magna y permita el combate, erradicación y sanción de los actos de corrupción en nuestra entidad.
La reforma contempla requisitos para ser magistrada o magistrado de Justicia Administrativa y Anticorrupción como un proceso distinto e independiente del Poder Judicial del Estado.
Este nuevo Tribunal contará con cinco personas titulares de las magistraturas, de las cuales una fungirá como titular de la Presidencia y será designada por el Tribunal Pleno para un periodo de cinco años con posibilidad de reelección, por una sola vez, para un periodo de igual duración.
En materia de órganos internos de control (OIC) se adicionaron disposiciones para establecer desde el nivel constitucional los requisitos que deberán cumplir las personas que ocupen la titularidad de los OIC de los órganos autónomos de la entidad, además de homologar la duración en el cargo de las personas titulares con el periodo que ocupa la persona titular de la Auditoría Superior del Estado, para que se encuentre acorde al periodo de gestión en materia de fiscalización y rendición de cuentas, así como de responsabilidades y combate a la corrupción.
También se le otorga a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la plena autonomía como un órgano constitucional autónomo, por lo que las reformas buscan consolidar la independencia y la capacidad de acción de esta Fiscalía, garantizando su efectividad en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.
De esta manera, tanto el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, como los órganos internos de control y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se erigen como los bastiones en la procuración e impartición de justicia y en el fortalecimiento de la política de combate a la corrupción. La autonomía de cada uno de estos entes públicos le permitirá actuar con firmeza y determinación, sin miedo a represalias ni influencias indebidas.