Por Jorge A. Martínez Lugo.
La reforma al artículo 24 de la Ley de Hacienda del estado generó inquietud entre personas físicas y morales dedicadas a servicios inmobiliarios, vinculada a la nueva Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios presentada por la bancada verde en la XVII legislatura, cuya autoría es de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Quintana Roo (AMPI).
El tema dará mucho de qué hablar ya que el tema inmobiliario involucra muchos intereses que generan tentaciones, al grado de crearse verdaderos casos de corrupción que quedan en la impunidad como es el “cártel del despojo” en Quintana Roo, en el que aún están involucrados los buenos muchachos verdes Gustavo Miranda y Pablo Bustamante, además de familiares del propio exgobernador Carlos Joaquín; lo que podría pensarse era (o es) un grupo de crimen organizado de cuello blanco.
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Igualmente, en la Ciudad de México se incubó la “mafia inmobiliaria” pero allá no era de color verde, sino azul.
Por eso el tema de la nueva Ley, aprobada sin haberse ventilado; la iniciativa se presentó en diciembre pasado y se guardó; ahora la sacaron el 25 de abril y la aprobaron el 29. Todo rapidito y por “unanimidad”. Ni los mismos diputados conocen lo que aprobaron, como se demuestra de manera constante en la vida parlamentaria en la “Legislatura de la unanimidad”.
El tema inmobiliario dará mucho de qué hablar, ya que por un lado, le otorga al parecer facultades excesivas a la AMPI, autora de la iniciativa, a través de la figura que se crea con la nueva ley: Consejo Inmobiliario del Estado de Quintana Roo.
A la AMPI se le otorga un control sobre el padrón de personas y empresas del ramo de servicios inmobiliarios, siendo una especie de sindicato de empresas disfrazadas de asociación civil, pero con la complacencia o complicidad del gobierno, del que hará la función de brazo recaudatorio.
Estas facultades al sindicato de empresas inmobiliarias AMPI, vienen a limitar el derecho a la propiedad privada, a la libre empresa y limita el derecho a poder vender cuan do la gente así lo requiera y tener que acudir a las empresas de AMPI para poder hacerlo.
De acuerdo al Observatorio Legislativo de Quintana Roo, ya hay al menos diez amparos contra la reforma a la Ley de Hacienda estatal y se sumarán a la nueva Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios.
Además del enfoque recaudatorio de ambas legislaciones, que están vinculadas entre sí, como es el caso de la obligatoriedad de la capacitación, misma que tendrá un costo para las empresas y personas dedicadas a esta actividad, lo que implica también el costo del registro y licencia.
Otro sector que se ve afectado es el de administradores de condominios, que tendrán las mismas obligaciones de contar con una licencia y capacitación con sus respetivos impuestos y costos.
En un estado con actividad inmobiliaria tan intensa, el sector tiene un gran poder financiero y económico, que lo convierte en un caldo de múltiples intereses.
Por eso llama la atención que de noche a la mañana se haya reformado la Ley de Hacienda y aprobado una nueva Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios, presentada íntegramente por la bancada verde en la saliente XVII Legislatura, misma que ha despertado inquietud en algunos sectores e incluso ha generado que se interpongan los primeros amparos.